Con todo el respeto a la libertad de expresión, debemos hacer recordar sus límites legales en el momento en que lo manifestado entre de lleno en la calificación de calumnias, injurias, o de provocación a la discriminación con la publicación de libelos infamantes, en este caso contra la comunidad musulmana española y sus instituciones.
Así nos hemos visto sorprendidos al leer en el diario EL PAÍS el 8-4-2004 un escrito firmado por Benjamín Prado lanzando interrogantes y afirmando informaciones reputadas falsas, en concreto:
Al ciudadano español Riaÿ Tatary Bakry no le hace sirio el haber nacido en Siria; aunque carece de importancia tal dato, llama la atención la intención de mencionarlo y de no ajustarse a la verdad. El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España no ha sido acusado de recibir financiación de extremistas saudíes o fundamentalistas Hermanos Musulmanes, sino que ha sido difamado e infamado sobre estas lucubraciones inventadas y que ya fueron desmentidas en su momento, llamando la atención la intención de los propagadores.
Atendiendo a la moral y ética periodística, así como a la religiosa, debemos hacer constar lo reprobable que es caer en el pecado de la maledicencia, aunque sea citando y reproduciendo la difamación y maledicencia de terceros. Dado que el mal se extiende con más rapidez y eficacia que el bien, incluida la maledicencia, continuamos en apelar a la colaboración de los editores para que se respeten debidamente nuestras mezquitas, imames e instituciones, y no se confunda a la opinión pública, sensible a los medios.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de abril de 2004