El magnífico artículo de José Canosa sobre la investigación en España (EL PAÍS, 7-3-2004) pone de manifiesto muchos problemas estructurales, cargando bastante la tinta sobre algunos, pero omite uno muy importante, tratado por los medios en numerosas ocasiones, que por sí sólo explica bastante de lo que ocurre: que lo que se dice que se gasta en investigación no se gasta realmente. En otras palabras, progresamos con mucho menos del teórico 0,9% del PIB.
En investigación privada, las empresas aportan muy poco al progreso en España, pero invierten un 0,5% del PIB. Evidentemente, no es porque no sepan hacerlo, es porque muchas no tienen intención de hacerlo. Especial atención hay que prestar al gasto público ejecutado en las empresas privadas, que en su mayor parte puede ser una subvención justificada, pero del que sólo una parte pequeña es para investigación real. En el sector público, las estadísticas dan un valor de equivalencia a 60.000 investigadores a jornada completa, que suponen más de 80.000 personas físicas, de las cuales muchas más de la mitad nunca han producido algún trabajo
de investigación que merezca la pena. Lo invertido en proyectos de investigación, más becarios, contratos y programas asociados, que es lo que cuenta a la hora de investigar, suponen menos del 0,1% del PIB, y con eso, en la comparación con Suiza que hace José Canosa ya no quedamos tan mal, aunque no quedemos bien. Es evidente que el sistema español de I+D necesita más inversiones, pero también mejoras estructurales. El camino no es fácil, sobre todo para lo segundo, y hace falta una buena dosis de voluntad política y personas con oficio suficiente para emprenderlo y diseñarlo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de abril de 2004