El Foro Ciudadano de Rincón de la Victoria ha pedido a la Fiscalía que investigue las causas de la riada que provocó importantes daños en la ciudad el pasado 28 de marzo por entender que fueron consecuencia de actuaciones urbanísticas autorizadas "negligentemente" por las administraciones en las cabeceras de los arroyos y en las que ve indicios de presuntos delitos contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente y contra los recursos naturales. El foro considera además un agravante que no se tomaran medidas correctoras tras las inundaciones de 2001.
En el extenso informe entregado en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga, acompañado de un vídeo y un reportaje fotográfico, el foro entiende que en la riada del pasado 28 de marzo "no ocurre un supuesto de caso fortuito o de causa mayor", sino que el desbordamiento de los cauces se debió a que éstos han sido invadidos en los últimos años por construcciones que han menguado su capacidad de evacuación.
Los denunciantes esgrimen datos históricos de pluviometría que evidencian que lluvias de la intensidad del pasado 28 de marzo son relativamente frecuentes en el municipio. De hecho, alegan que las precipitaciones fueron "extremadamente similares" a las registradas en septiembre de 2001, pero que han tenido unas consecuencias "mucho más dañinas que aquellas". Los daños materiales se han cuantificado en 48 millones de euros.
Arroyos
Entre las causas "concurrentes" que han contribuido a que los perjuicios hayan sido ahora más graves, el informe recoge los "grandes aterrazamientos" realizados en las cabeceras de los arroyos San Juan y Cementerio, cuyos cauces se han visto "ocupados, elevados y rectificados" y en los que ha desaparecido la cubierta vegetal; así como el relleno de materiales y vertidos en vaguadas.
Los denunciantes apuntan de forma muy concreta a la urbanización Parque Victoria, en el que están proyectadas más de 3.000 viviendas, ubicada al norte de la autovía A-7 y cuyas obras de allanamiento y urbanización han afectado a la cuenca de los cinco arroyos que de desbordaron el 28 de marzo.
También se señala la responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Sur por el embovedado y entubado de arroyos "con capacidad de desagüe temerariamente reducida respecto a su caudal de cuenca", y que no autorizó al Ayuntamiento a a dragar los cauces el pasado verano.
Toleradas
Además, en el informe se apunta que todas estas actuaciones las toleró "a sabiendas" el Ayuntamiento, y recuerda que en uno de los informes del estudio de avance del Plan General de Ordenación Urbana realizado en julio de 2003 ya se constataba la situación de incapacidad de estos embovedados y proponía su sustitución por conducciones con capacidad suficiente para soportar avenidas.
El foro considera imprescindible la depuración de responsabilidades en todas estas negligencias y alega que "en ningún caso una sociedad puede permitirse que el derecho a urbanizar con fines privados prevalezca e incluso lesione bienes de dominio público y ponga en peligro los recursos naturales, el medio ambiente y la integridad física de las personas".
El foro ha solicitado también a la Consejería de Obras Públicas la creación de una comisión técnica mixta con participación ciudadana para examinar las causas de la riada y dictamine las medidas necesarias para evitar riesgos futuros.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 17 de abril de 2004