España es el único país de la UE donde el servicio público penitenciario está, orgánica y funcionalmente, vinculado al Ministerio del Interior, siendo utilizado impropiamente, desde 1996, como una herramienta policial más. En la mayoría de los países democráticos, las cárceles son un recurso propio de la Administración de Justicia.
El PSOE tiene en estos momentos de remodelación administrativa "tranquila" una oportunidad sin igual para devolver a las penas privativas de libertad y al sistema penitenciario en general la naturaleza jurídica y las obligaciones legales que les atribuye la Constitución.
La labor de la institución penitenciaria debe ser discreta, aunque no menos ambiciosa que la de otras instituciones del Estado; el mandato constitucional es imperativo, obliga a procurar la reeducación y la reinserción social de los penados y evitar, en la medida de lo posible, el deterioro físico y psíquico de los presos preventivos.
La retención y custodia de los internos es un recurso necesario, no la finalidad última, del cumplimiento de penas de prisión, la intervención penitenciaria y el tratamiento individualizado han sido conscientemente olvidados durante los últimos ocho años.
Creo que ha llegado el momento de que Instituciones Penitenciarias vuelva al Ministerio de Justicia, donde ya estuvo, y que desde esta Administración se habiliten los recursos financieros necesarios para trabajar profesionalmente con los internos y sus familias, potenciando las capacidades que tiene cada penado para llevar una vida honrada cuando alcance la libertad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 17 de abril de 2004