No entiendo el rigor del país en el que vivo: los partidos políticos que no han obtenido escaños suficientes, según las normas aplicables, debido a interpretaciones generosas por parte de unos y otros, y argumentos fáciles que en puridad nunca muestran las verdaderas intenciones, obtienen grupo parlamentario al que, en realidad, no tienen derecho. Quizá por poco en algunos casos, pero no lo tienen.
Hace años me faltaron pocas décimas para obtener una plaza en unas oposiciones públicas. Pocas, pero no las tuve. Por unos pocos euros no estoy en el mínimo exento de la declaración de la renta. Por un metro cuadrado no logré obtener subvención legal para la adquisición de una vivienda.
¿Por qué no se me aplican generosamente a mí también las normas? No entiendo el rigor del país en el que vivo: los gobiernos autonómicos u otros, y los partidos políticos en ocasiones, cumplen la ley en la medida que les conviene. O amenazan con no cumplirla en el futuro. Si los gobernantes autonómicos u otros no consideran que los límites legales les afectan a ellos, si la impunidad con la que se mueven es total, ¿puede después el alcalde de un pueblo crear unas ordenanzas municipales libérrimas alegando que la voluntad de su pueblo no encontrará su límite en el estatuto de autonomía? ¿Puedo yo -unilateralmente- considerar que mi albedrío no encontrará su freno en el Derecho Penal, en el Civil, en el Administrativo o en cualquier otro?
¿En qué consiste este juego? La ley afecta a los órganos e instituciones territoriales y de representación colectiva. Igual que a mí. Si no, ¿dónde comienza el imperio de la ley? ¿Sólo es imperativa para los ciudadanos porque somos los únicos obligados?
¿Cuál es el juego? Creo que no existe rigor en España: el incumplimiento de las normas, a escala general, no sólo es gratis, es incluso rentable. Estoy ciertamente desazonado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 19 de abril de 2004