El escándalo del fútbol portugués llevó ayer a la juez del tribunal de Gondomar, en las afueras de Oporto, a acusar a los presidentes de la Liga Portuguesa, Valentim Loureiro, y al de los árbitros, António Pinto de Sousa, de más de 20 delitos de corrupción. El primero, debe responder de 23, 19 de corrupción y cuatro de tráfico de influencias. El segundo, de 21. Ambos podrían ser condenados hasta a ocho años de prisión y quedaron anoche en libertad condicional, pero suspendidos de sus funciones y sin poder salir de su área de residencia ni contactar con los demás inculpados en el caso Silbato Dorado, una investigación que llevó a la detención, el martes, de 16 personas.
Según la acusación, Pinto de Sousa habría nombrado los árbitros para los partidos del Gondomar a pedido de los dirigentes de este club, de Segunda División. Además, habría falsificado los informes de los delegados en los encuentros para asegurar una buena calificación de las actuaciones arbitrales. A cambio, sería apoyado en la elección presidencial arbitral por Loureiro, que es también alcalde de Gondomar. A su vez, los árbitros habrían percibido diversos regalos del club, cuyo presidente y número dos de la alcaldía, José Luís Oliveira, sigue arrestado.
Mañana, si ganase al Dragões Sandinenses, el Gondomar subiría, en principio, a Primera.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de abril de 2004