La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado íntegramente la pena impuesta por un juzgado de instrucción a dos policías municipales que ejercían de guardaespaldas del ex alcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano, por agredir a un manifestante durante las manifestaciones contra la guerra de Irak. Así lo acuerda la Sección 15ª de la Audiencia en una sentencia que considera a los policías autores de maltratos y vejación injusta, y les impone una multa de 180 euros y el pago de las costas del juicio.
Los acusados alegaron haber actuado "en defensa del alcalde en funciones de la capital frente a los insultos que estaba recibiendo". Sin embargo, el tribunal señala en la resolución judicial que "en ningún caso" puede argumentarse la legítima defensa frente a insultos "por la desproporción del medio empleado". También declara probado, al igual que hizo la titular del Juzgado de Instrucción número 3, Carmen Sánchez-Albornoz Bernabé, que los hechos ocurrieron el 29 de mayo de 2003, cuando el agredido, Gustavo Roig Domínguez, transitaba por la confluencia de las calles de Fray Luis de León y Palos de la Frontera.
Gustavo se topó con varios ciudadanos que comenzaron a gritar espontáneamente "No a la guerra" justo cuando Álvarez del Manzano, que en ese momento ejercía como regidor en funciones, se bajaba de su coche oficial. El denunciante decidió sumarse a las protestas cuando, tras haber recorrido unos 100 metros, fue agarrado por dos municipales. "Tras cogerle por los brazos y empujarle de espaldas contra una pared, los agentes le dieron la vuelta y le exigieron que se identificara, al tiempo que le insultaban diciéndole que era un hijo de puta y que le iban a machacar", precisa la sentencia.
Además, los acusados, Alberto Galán García y Alfredo Pérez Vizcaya, recriminaron al ciudadano que insultara al alcalde. A su vez, el hombre pidió a los policías que se identificaran, ya que iban vestidos de paisano. Entonces, Alberto Galán García sacó su placa e hizo ademán de agredir a Gustavo con ella en la cabeza. Sin embargo, varias personas que estaban en un bar cercano salieron a la calle y los agentes se marcharon.
La juez Sánchez-Albornoz reprochó en su sentencia que los agentes no denunciaran a Roig, en el caso de que hubiese insultado al alcalde: "Era su obligación en su condición de agentes de la autoridad. Si supuestamente le habían identificado como una -o incluso la única- de las personas que insultaron al alcalde, no se explica por qué no le denunciaron".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de abril de 2004