El Gobierno tuvo que rectificar ayer los nombramientos anunciados de los subdelegados en Málaga y Granada por errores técnicos. Aurora Santos, que había sido propuesta para el puesto malagueño, no puede ejercer el cargo. Los servicios jurídicos del Estado han informado desfavorablemente el nombramiento, ya que ese cargo debe recaer en un funcionario de la administración general del Estado y con el máximo nivel en la escala. Santos es juez, y como tal pertenece a la administración de justicia, que está excluida de la del Estado, pese a que en ambos casos se trate de la función pública, y tiene una escala diferente.
Santos reconoció ayer estar "muy sorprendida" y admitió que cuando recibió la propuesta para el cargo no reparó en estos impedimentos reglamentarios. El Gobierno nombró anoche subdelegado en Málaga a Hilario López Luna.
El caso de Granada es distinto. Luis Rubiales, el ex alcalde socialista de Motril, vio cómo su nombramiento se frustraba en la madrugada de ayer, después de hacerse público. El problema no era la administración a la que pertenecía, sino su escalafón. Su condición de profesor de Educación Secundaria lo integra en el grupo B de funcionarios de la administración general del Estado, lo que le impide acceder al cargo.
Rubiales es licenciado en Filosofía y Letras, por lo que puede modificar su estatus para alcanzar el grupo A. Pero según declaró ayer a la agencia Efe, nunca llegó a pedir el ascenso. La confusión, según el ex alcalde socialista, se produjo en la delegación de Gobierno en Andalucía y el Ministerio del Interior, donde se dio por supuesto que cumplía los requisitos para el cargo al comprobar que en su currículo constaba su título de licenciado. "Nadie reparó en ello y desde luego yo lo desconocía", dijo Rubiales. "Si no, no se hubiera organizado este follón, porque el principal perjudicado soy yo", añadió. El nuevo subdelegado del Gobierno en Granada será Antonio Cruz.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 1 de mayo de 2004