Proporcionalmente, el mayor número de objeciones planteadas por el Gobierno a los Estatutos se refieren a "reservas de estatutos". Es decir, aspectos cuya regulación se remite a reglamentos posteriores en los Estatutos aprobados por la Universitat. El Gobierno, por contra, considera que deben quedar reguladas ya en los Estatutos. Una veintena de las objeciones, es decir más de la tercera parte, son de este tipo. Muchas tienen que ver con personal. Por ejemplo, los Estatutos remiten a un futuro "reglamento aprobado por el Consejo de Gobierno" de la universidad para regular la participación en los resultados obtenidos por investigaciones que hayan generado derechos de propiedad industrial, o bien para regular la cesión a sus autores de la titularidad de inventos por parte de la universidad. O el futuro reglamento que se ocupará de la contratación de profesores eméritos. O el que habrá de regular los estudios oficiales de postgrado. También se pide suprimir la mención de que, tras entrar en vigor los Estatutos, "el Claustro aprobará el reglamento de organización y funcionamiento de la Sindicatura de Greuges". Y así hasta veinte. Estas referencias de los Estatutos a regulaciones posteriores obedecen, "en buena medida", según matiza el vicerrector de Estatutos de la Universitat de València, Joan Carles Carbonell, "a la falta de desarrollo de la LOU" de determinados aspectos de la vida universitaria, como sería el caso de los mismos estudios de postgrado. En otros casos, se refieren a temas que pueden requerir modificaciones a corto o medio plazo, explica el vicerrector, "y es preferible cambiar reglamentos que no los Estatutos". Carbonell considera, además, que las "reservas de Estatutos" que recoge la ley "no son absolutas". "Son reservas relativas que admiten la remisión a otros reglamentos".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 3 de mayo de 2004