Los 28 "requisitos ambientales" que la Comunidad ha impuesto a la obra de la M-30 a cambio de eximir al Ayuntamiento de la declaración de impacto incluyen la indicación de evaluar "al detalle" el volumen de tierra y escombros que se va a generar al excavar los túneles y el destino que esos escombros tendrán.
También se establece que habrán de fijarse rutas y horarios para que los camiones que transporten toda esa tierra (sólo en el tramo del río serán casi cuatro millones de metros cúbicos de tierra removida) estén coordinados con los de "otras grandes obras a realizar en la capital en ese mismo tiempo" y no provoquen un colapso circulatorio.
De esos 28 requisitos, nueve son "condiciones previas" al inicio de las obras -estudios de aguas, suelos, cortes de tráfico, ruidos, emisión de gases y afección a la flora-, otros 19 estarán vigentes durante toda la fase de ejecución, y una última condición remite a la exigencia de que el Ayuntamiento envíe cada tres meses un informe a la Consejería de Medio Ambiente informándole del curso de las obras.
La gran mayoría de estos condicionantes se refiere exclusivamente al tramo del río, donde Medio Ambiente ve "previsible" la alteración del flujo de las aguas subterráneas y pide por ello un "estudio hidrogeológico muy en profundidad" y el mantenimiento de la "capacidad de desagüe" y del caudal.
También reclama la Comunidad análisis semanales del agua para detectar vertidos durante las obras; la captura de peces en el tramo afectado y su suelta aguas abajo o arriba del mismo; realizar "riegos periódicos" para mitigar la enorme polvareda que generará la excavación del túnel; o elaborar un "inventario" de la vegetación afectada y reponerla después.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 4 de mayo de 2004