La Fiscalía de Málaga ha pedido al juzgado que instruye la causa por el asesinato de una mujer y su bebé de ocho meses ocurrido hace una semana que tome declaración a todo el personal de los servicios sociales municipales que tuvieron relación con ella para aclarar por qué estos no informaron en ningún momento a las instancias judiciales de que era víctima de malos tratos.
Irina P. de nacionalidad rusa, había mantenido 13 contactos con los servicios municipales desde julio de 2003, según ha reconocido el Ayuntamiento de Málaga, y desde febrero éstos tenían constancia de que era maltratada por su pareja, Ihor D., de 38 años, que se encuentra en prisión desde el pasado viernes. El Ayuntamiento alegó que la mujer siempre se negó a poner una denuncia, aunque los servicios sociales la trataron de convencer, porque temía que ello perjudicara su situación, ya que no tenía regularizada su residencia.
Pero la fiscalía alega que el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que los servicios sociales de entidades públicas y privadas tienen la obligación de denunciar los malos tratos de los que tuvieran conocimiento. El Ayuntamiento insiste en que su actuación en el caso fue siempre correcta y que colaborará con el juzgado en todo lo que le requiera.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de mayo de 2004