Los grupos de Esquerra Unida y el PSPV censuraron ayer en la comisión de la Mujer de las Cortes que los ficheros que elaboran los Centros 24 Horas de atención a las mujeres maltratadas recojan aspectos como la etnia, vida sexual o DNI de las agredidas. "No es necesario recoger estos aspectos que victimizan más, sino un registro de agresores", comentó la diputada de EU Dolors Pérez. Tanto Pérez como la diputada socialista Carmen Ninet pidieron que junto a la puesta en marcha de una lista de maltratadores se publiquen sus nombres. La representante del PSPV recordó que en la ley de igualdad se recoge este aspecto y criticó que el PP haya paralizado su desarrollo. La oposición criticó que la orden que regula el fichero de maltratadas tiene "graves deficiencias" y zonas "oscuras", además de que elude la ley de Protección de Datos, y permite la transmisión de éstos a otras Administraciones. Recordaron la cesión de datos de inmigrantes sin papeles atendidas a la Delegación del Gobierno, lo que la consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, negó. A ello, añadieron la desconfianza que transmite el hecho de que la entidad que gestiona el centro y los archivos sea una empresa privada.
De Miguel señaló que la base de datos es una herramienta insustituible para prestar una atención eficaz y ha sido elaborada por expertos, por lo que "no es un capricho o una actuación sin conocimiento de causa". Aseguró que se cumplen los requisitos de protección de datos y que se recoge información "adecuada y pertinente", que responde de forma "veraz" a la situación de las mujeres. De Miguel indicó que la responsable del fichero es la Dirección General de la Mujer y que los datos son recogidos por profesionales que garantizan la confidencialidad. Dijo también que se pide el consentimiento escrito de las mujeres para recoger sus datos.
En la comisión se trató también la situación del Centro Internacional de Mujeres del Mediterráneo. La fundación se extinguió el 6 de noviembre "para evitar la duplicidad de funciones con otras direcciones generales", según De Miguel. La diputada socialista Consuelo Catalá criticó que no se haya hecho pública esta situación y que, pese a ello, haya una partida de 93.870 euros en los presupuestos de este año. Catalá sugirió posibles malversaciones de fondos como causa del fin de la actividad de la entidad.
Ademas, la comisión aprobó por unanimidad que el Consell se dirija al Gobierno para que garantice la efectiva coordinación política y técnica con el fin de que la orden de protección a las víctimas de violencia doméstica sea una herramienta efectiva.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de mayo de 2004