El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairi-ño, presentó ayer a Cándido Conde-Pumpido un informe del estado de las investigaciones sobre los atentados del 11-M elaborado por la fiscal encargada del caso, Olga Emma Sánchez Gómez.
Hasta el momento, el sumario está formado por una pieza principal -que ya consta de 40 tomos y a la que han sido incorporados los 14 atestados presentados, las pruebas de ADN, los informes preliminares de los TEDAX, entre otros-, tres piezas separadas con los fallecidos, los heridos y los daños materiales, así como 5 archivadores remitidos por la Policía Científica con el estudio, autopsias y ADN de los 191 fallecidos.
En dicho informe se destaca que permanecen abiertas seis líneas de investigación: los números de IMEI de los teléfonos, las tarjetas SIM de los teléfonos, los explosivos, los vehículos, el grupo de radicales islamistas que frecuentaban dos mezquitas en Madrid y la financiación por medio del tráfico de drogas.
Tarjetas y bombas
Dos remesas que totalizaban 100 tarjetas telefónicas fueron vendidas por unos ciudadanos paquistaníes al locutorio Nuevo Siglo de la calle Tribulete, regentado por Jamal Zougam, Mohamed Chaoui y Mohamed Bekkali. Siete tarjetas fueron activadas a través de un repetidor de la zona de Morata de Tajuña el día anterior a los atentados y no realizaron ningún movimiento. La policía cree que formaban parte de las bombas que estallaron en los trenes. Otras tarjetas aparecieron en el locutorio y otra en la finca de Morata de Tajuña.
El informe recoge que Jamal Zougam fue reconocido en un primer momento por dos testigos que viajaban en los trenes, aunque luego en una rueda de reconocimiento en la prisión de Soto uno de ellos se desdijo.
Sobre los explosivos, el informe detalla que el imputado José Emilio Suárez Trashorras trabajó como minero en la mina de Caolines de Merilles, llamada Mina Conchita, y que conoció al marroquí Rafa Zuheir, a través de su cuñado. Zuheir a su vez puso en contacto a Suárez con un grupo de marroquíes para operaciones de tráfico de drogas, pero estos posteriomente solicitaron explosivos. La tarde del 28 de febrero viajaron a Avilés (Asturias) donde cargaron en dos vehículos dinamita en cantidad no inferior a 100 kilos que se pudo utilizar para la confección de las bombas.
Respecto a la financiación toda la operación se ha podido realizar mediante varios alijos de droga.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de mayo de 2004