La práctica del islam carece de controles en España. El Gobierno no dispone de ningún registro de mezquitas o de imames para empezar a trabajar en la vigilancia de sermones que inciten a la violencia, según ha declarado a EL PAÍS un portavoz del Ministerio de Justicia. El mismo portavoz ha reconocido que los templos musulmanes se financian con limosnas de los fieles y envíos de dinero de "Gobiernos extranjeros". Las organizaciones islámicas que hacen la labor de interlocutores con el Estado ni siquiera se ponen de acuerdo acerca del número aproximado de musulmanes que residen en el país.
Mohamed El Afifi, portavoz del Centro Cultural Islámico de Madrid, al que pertenece la mayor mezquita de Europa, explica que el descontrol del islam en España es consecuencia del auge de la inmigración, que ha producido un crecimiento vertiginoso de la población musulmana de origen extranjero.
"En los países árabes, una mezquita que no esté inscrita en el correspondiente registro administrativo es ilegal. Allí para ser imam es necesario haber cursado estudios de religión y superar con éxito un serio examen de las autoridades. Aquí no existe nada de eso, de ahí que estén ejerciendo como imames personas que no están preparadas para ello".
Los dos co-secretarios de la Comisión Islámica Española, que ostenta la interlocución de los musulmanes con el Estado, sostienen, por el contrario, que "una mezquita es cualquier lugar en el que se reúnen los fieles para orar, se trate de un monumento, de un garaje o de la habitación de un domicilio particular". Por eso, opinan, "los lugares de culto son incontrolables". Asimismo, consideran que cualquier musulmán puede ejercer como imam.
Aquí terminan los acuerdos entre ambos. Riay Tatary, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas (UCIDE), es uno de los co-secretarios. Según él, en España hay medio millón de musulmanes. Mansur Escudero, miembro de la Federación de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), es el otro co-secretario. Según él, en España hay un millón de musulmanes. Ambos son incapaces de precisar a cuántas personas representan.
El Ministerio de Justicia ha rechazado hacer siquiera una estimación aproximada sobre este asunto, pues carece de datos. En este departamento existe un registro de entidades religiosas. En él aparecen inscritas 235 comunidades musulmanas. Dado que la inscripción es voluntaria y que no se ofrece ningún tipo de incentivo a las asociaciones, la mayoría de éstas optan por no apuntarse en él.
Hasta el momento, la relación entre el Estado y los musulmanes se ha limitado a reuniones esporádicas. Un portavoz del Ministerio de Justicia declara que el Estado se ha limitado hasta ahora a subvencionar a los profesores de religión islámica en Ceuta y en Melilla. A pesar de todo esto, tanto Tatary como Escudero consideran que el Estado ya ejerce suficiente control sobre los musulmanes.
Por el contrario, el portavoz de la Asociación de Padres de Alumnos Sin Fronteras, que aglutina a las familias de inmigrantes musulmanes, Ahmed Elgirit, defiende el control de la proliferación de oratorios que, según afirma, no cumplen con las mínimas condiciones de seguridad, actúan sin estar registrados y a cuyo frente figuran imames "que no tienen ninguna formación" "Algunos de ellos son peligrosos: no sabemos de dónde vienen, ni quiénes son ni por qué están aquí".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de mayo de 2004