Menos de tres horas duró la tercera visita del Rey a una instalación militar del País Vasco en sus 28 años de reinado. El jefe del Estado, con uniforme de campaña de capitán general, expresó ayer su "felicitación" y "asombro" ante la transformación de la base de Araca (Vitoria) desde su estancia anterior, en mayo de 1987.
Entonces pudo contemplar los carros M-48, de la guerra de Corea. Ayer, desfilaron ante la improvisada tribuna los M-60 que los han sustituido hace sólo tres meses, junto con los nuevos vehículos de transmisiones de la Red Básica de Área. Hace 17 años, la base contaba con 5.000 militares, en su mayoría reclutas, y hoy no llegan al millar, menos de la mitad de la plantilla teórica, pero todos son profesionales, muchos experimentados en los Balcanes, Afganistán o Irak.
Con 700 hectáreas y 13 kilómetros de perímetro, en Araca hay espacio más que suficiente para albergar la totalidad de la Brigada de Infantería Ligera San Marcial número 5, pero la conveniencia política de mantener presencia militar justifica que todavía existan los cuarteles de Mungia (Vizcaya) y Loyola (San Sebastián), pese al coste operativo, económico y humano que ello supone. Euskadi es la única comunidad autónoma con guarnición en todas sus provincias.
Araca ha sufrido tres ataques terroristas; el último, en 1997, cuando un comando consiguió colocar dos bombas en la residencia de oficiales y suboficiales, sin causar heridos. "La presión física ha disminuido", reconoce un mando, "pero no la psicológica. Hay que acordarse de mirar los bajos del coche cada mañana y evitar que tus hijos comenten la profesión de su padre". Los militares, al contrario que otros colectivos amenazados, no tienen escolta. Su protección personal es responsabilidad de cada uno.
La mitad de los militares destinados en el País Vasco viven en comunidades limítrofes y se desplazan cada día a su lugar de trabajo. Perciben un plus mensual de unos 410 euros, muy inferior al de sus compañeros de Ceuta y Melilla, que ni de lejos compensa el esfuerzo. Para cubrir huecos, muchos mandos son enviados con carácter forzoso por un período mínimo de un año.
Estas circunstancias explican por qué la visita del Rey -al que acompañó por vez primera el ministro de Defensa, José Bono- se recibió con especial satisfacción entre los militares. "Estoy contento", les dijo, en un improvisado brindis, "al ver vuestro espíritu de servicio, vuestra lealtad a España, vuestro cariño a las Vascongadas y vuestro espíritu de sacrificio en todo momento".
Sus palabras fueron escuchadas por el diputado general de Álava, Ramón Rabanera; el alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso; la presidenta de las Juntas Generales, María Teresa Rodríguez Barahona, y el nuevo delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, 24 horas después de tomar posesión de su cargo.
Todos ellos pertenecen al PP o al PSOE. No acudió ni un solo político nacionalista, pese a que el lehendakari estaba invitado. La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, intentó quitar hierro a su ausencia. "Yo creo que se ha entendido perfectamente, el ministro [de Defensa] lo ha entendido [y], por supuesto, la Casa Real lo ha entendido", afirmó. "Cualquier intento de generar polémica donde no hay clima ni motivo es absolutamente superfluo", agregó. Como única causa para justificar la inasistencia de Ibarretxe aludió a que éste "no tiene por costumbre acudir a actos militares y castrenses". Su antecesor, José Antonio Ardanza, sí estuvo en la visita de 1987.
Hacia las 14.15, el helicóptero Superpuma en el que viajaba el Rey despegó de regreso a Madrid. Su visita pasó casi inadvertida en la capital del País Vasco, a sólo cinco kilómetros de la base.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de mayo de 2004