Parece que demasiada gente dentro del Ejército de EE UU estaba al tanto desde hace meses de las vilezas que se cometían contra presos iraquíes en la cárcel bagdadí de Abu Gharib, divulgadas la semana pasada por la cadena de televisión CBS. Por eso, y porque están saliendo a la luz denuncias de atropellos en otros escenarios, resultan poco convincentes las declaraciones del alto mando castrense sobre su presteza y determinación en llegar hasta el final del escándalo. El alcance de lo ocurrido y sus repercusiones en la política exterior estadounidense exigen la implicación esclarecedora del Congreso.
Es patente la desidia militar en el manejo de un caso conocido desde comienzos de año y denunciado genéricamente el verano pasado por Amnistía Internacional. El máximo responsable de la cadena de mando de EE UU, general Richard Myers, acaba de admitir que aún no ha leído un informe fechado el 4 de abril, elaborado por encargo del jefe estadounidense en Irak, general Ricardo Sánchez, sobre lo ocurrido en lo que fue principal centro de torturas de Sadam Husein. Se sabe que esta investigación, dirigida por el también general Antonio Taguba, contiene un inventario devastador de abusos a cargo de policías militares y oficiales de inteligencia y refleja la incuria de sus jefes para impedirlo.
Que hasta ahora seis militares de baja graduación hayan sido acusados criminalmente y otros siete vean su carrera truncada por una amonestación escrita no parece la respuesta más adecuada a la luz de un documento que sugiere responsabilidades de mucho mayor alcance. Lo mismo sucede con los lamentos de Bush, que la semana pasada atribuyó las vejaciones y torturas a un grupito de descarriados. De creer recientes informes de Human Rights Watch y otras organizaciones internacionales, corroborados por iraquíes ex prisioneros de las tropas estadounidenses, este patrón de intolerables abusos se extendería a otros centros de detención en el país árabe ocupado y también en Afganistán, notoriamente en Baghram.
En este contexto, la media docena de reservistas a las órdenes de la amonestada general Karpinski, presuntos autores de las sevicias que ahora salpican también a empresas privadas de seguridad, sería sólo el escalón bajo de la cadena de infamias. El núcleo duro de la prisión donde sucedieron los hechos que han dado la vuelta al mundo e inflamado contra EE UU a la opinión árabe estaba bajo el control del espionaje militar, en concreto de los oficiales de inteligencia encargados de los interrogatorios. Hacia esos oficiales y sus superiores apunta la responsabilidad directa del ultraje que regocija a los numerosos enemigos de EE UU en la región, y que puede acabar con lo poco que queda del castillo de naipes construido por Bush para la supuesta pacificación y democratización de Oriente Próximo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de mayo de 2004