Con fecha 26 de abril de 2004, se publicó en el periódico EL PAÍS un artículo titulado "Euskadi abre sus puertas a los sin papeles". Como consecuencia de dicho artículo se están recibiendo numerosas llamadas y hay personas que están acudiendo al Gobierno vasco y a los ayuntamientos y organizaciones sociales del País Vasco que trabajan en materia de inmigración solicitando información sobre la forma de obtener documentación, vivienda o ayudas. Es necesario por ello aclarar las acciones que se están desarrollando por el Gobierno vasco en materia de inmigración a fin de no provocar falsas expectativas, por respeto a las personas inmigrantes que conviven en nuestra sociedad.
Lo primero es señalar que, en virtud del artículo 149.1.2 de la Constitución, es competencia exclusiva del Estado la materia relativa a extranjería e inmigración. En consecuencia, quien concede o deniega "los papeles" es la Administración General del Estado y la ley denominada "de extranjería" es la misma para todas las comunidades autónomas del Estado. La única Administración con competencia para conceder visados, autorizar a residir o dar permisos de trabajo es la Administración General del Estado a través de las delegaciones y subdelegaciones provinciales. Nuestra Comunidad únicamente tiene competencia en materia de integración, lo que afecta a diferentes ámbitos sectoriales como son educación, sanidad, vivienda o bienestar social. Es decir, en la gestión de los servicios destinados principalmente a la población autóctona y, en los últimos años, a los nuevos ciudadanos y ciudadanas inmigrantes.
Por el principio de responsabilidad pública, se han iniciado acciones con el objetivo de lograr la cohesión social y garantizar una vida digna a las personas que residen en nuestra Comunidad. Estas medidas se contemplan en la parte operativa del I Plan Vasco de Inmigración y las acciones que recoge tienen como criterio la normalización, es decir, procurar el acceso a los servicios públicos a la población que reside en la Comunidad. El Plan Vasco de Inmigración no establece viviendas o ayudas específicas para personas inmigrantes, sino que son las mismas
medidas que para el resto de la ciudadanía, previéndose en su caso ajustes y compensaciones en la gestión de los servicios públicos generales con el fin de adaptarse a las necesidades de la población inmigrante. Los datos del artículo provocan confusión porque no dice que esos servicios se están gestionando para toda la ciudadanía por las administraciones públicas vascas, con las limitaciones y aciertos conocidos por la población. Las informaciones parciales inducen a equívoco, especialmente en una población que por su situación de vulnerabilidad se deja llevar por expectativas.
Por último, señalar que el Plan Vasco de Inmigración no desarrolla únicamente programas o gestiona recursos, sino que hace un planteamiento global a fin de afrontar con la necesaria consideración la realidad de personas extranjeras que residen, trabajan y tienen su familia en nuestra sociedad. Es urgente una reflexión sobre la política que el Estado y la Unión Europea están desarrollando en materia de inmigración y que está generando un impacto social y económico de graves consecuencias sociales. La inmigración siempre ha sido un factor de crecimiento económico, social y cultural en los países. Un discurso en torno al reparto de los recursos es pernicioso e irresponsable.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de mayo de 2004