Cientos de propietarios de pisos de protección oficial han constituido en Navarra una plataforma para evitar que la nueva ley de Vivienda que tramita el Gobierno foral les prohíba vender sus casas en los siguientes veinte años a su calificación definitiva. Los afectados, residentes en Pamplona y su comarca, han mantenido ya una reunión, a la que asistieron más de 250 personas.
El proyecto de ley elimina los tres supuestos de descalificación anticipada de pisos de protección existentes y no permitirá venderlos a precio de mercado hasta veinte años después de su calificación definitiva. Hasta ahora ese plazo estaba establecido en doce años.
El consejero de Vivienda, José Andrés Burguete, de CDN, es el máximo impulsor de una reforma legal que pretende atajar el fraude en el sector y que incluye la creación de un baremo único obligatorio para los sorteos de todas las promociones de vivienda protegida, tanto pública como privada, que se realizan en Navarra. Quienes deseen acceder a cualquier concurso deberán registrarse en un censo también único que controlará un organismo público dependiente del Ejecutivo foral.
Los propietarios que se han rebelado recuerdan que ya en 1999 el Ejecutivo de UPN elevó de cinco a doce años el plazo para la venta libre. Aunque hasta ahora el plazo completo de protección se extendía a los veinte años siguientes a la compra, la ley establecía tres supuestos a los que acogerse para una venta anticipada: la disolución de la pareja propietaria, cambio de residencia por fuerza mayor o inadecuación del piso por aumento de los miembros de la unidad familiar. Había una cuarta opción. Transcurridos doce años, los propietarios podían pagar las ayudas recibidas y vender su piso. Ahora ese plazo se extiende a veinte años y además sólo se prevé un supuesto de descalificación anticipada: el crecimiento de la familia. Y en ese caso, será la propia Administración foral la que busque en un radio de diez kilómetros otra vivienda protegida adaptada a las nuevas necesidades. Sólo si pasados dos años el Gobierno foral no encuentra otra casa, el propietario podrá venderla a precio libre.
El proyecto incluye otros mecanimos contra el fraude, como el derecho a expropiar viviendas protegidas si sus propietarios no las ocupan como domicilio habitual en los seis meses siguientes a su compra.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de mayo de 2004