Veintitrés años después del primer diagnóstico de sida, las autoridades españolas no saben cuántas personas viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que causa la enfermedad. En diciembre de 2000 se aprobó una orden ministerial que permitía crear registros autonómicos de infectados. La medida fue muy criticada por las ONG de afectados, que afirman que el fichero no respeta el anonimato. Un grupo de ONG la recurrió, y una sentencia de la Audiencia Nacional les ha dado la razón.
El número de personas que vive con el VIH en España está entre las 100.000 y las 150.000, según estimaciones del Plan Nacional sobre el Sida, lo que da un margen de error del 50%. Ni ONG ni Administración discuten la necesidad de tener una idea más aproximada del alcance real de la epidemia. Éste es el objetivo de la orden ministerial del 18 de diciembre de 2000 en el que se establecía la posibilidad de que las comunidades autónomas crearan un registro (el llamado sinivih, sistema de información sobre nuevas informaciones de VIH), lo que ya han hecho la mayoría (faltan Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, entre las que tienen más casos), aunque el Ministerio de Sanidad sólo ha dado los datos de Navarra, La Rioja y Canarias.
Pero el intento de obtener una cifra ha sufrido un nuevo revés con la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo presidida por Tomás García Gonzalo, que fue notificada el 27 de abril y que dispone "la anulación" de la "creación de fichero de datos de carácter personal" con información sobre los infectados con VIH.
Fácil identificación
El motivo de la anulación es que "los datos introducidos -nombre y apellidos, centro sanitario de diagnóstico, fecha de nacimiento, provincia de residencia, país de origen, datos clínicos y datos de laboratorio- posibilitan la identificación de una persona con alto nivel de evidencia", mientras que, por otro lado, "puede dar lugar a confusiones" por "repetición de datos", según el razonamiento del tribunal.
El problema del anonimato es "muy importante" en este caso, afirma Fran del Buey, de la ONG PreSOS Galiza, una de las que ha recurrido la orden ministerial junto al Movimiento Ciudadano Anti-sida, Asociación Justicia e Sociedade de Galiza y la Asociación Colectivo Moucho. "No hay que olvidar el estigma que sufren los afectados, como se demuestra por los despidos de personas infectadas" cuando se conoce su situación en su trabajo, añadió.
La secretaria del Plan Nacional sobre el Sida, Lourdes Chamorro, quien no pudo atender a este periódico ayer, manifestó con anterioridad que la solución podía ser "relajar" el rigor del fichero, porque su "objetivo es saber qué está pasando con la epidemia", más que tener un número exacto de portadores.
Una portavoz del Ministerio de Sanidad ha anunciado que recurrirán la sentencia y su abogado se opondrá a eliminar las fichas (unas 70.000) "para no perder esos datos".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de mayo de 2004