El conseller en cap, Josep Bargalló, ha desvelado en una pregunta parlamentaria numerosas irregularidades que afectaban a la extinta delegación que el ex Gobierno de Convergència i Unió (CiU) abrió en Casablanca (Marruecos) y que dirigía Àngel Colom. Entre estas anomalías figuran la "falta de cobertura legal" de algunos trabajadores de la oficina, la adscripción presupuestaria al Departamento de Industria, cuando legalmente pertenecía a Presidencia, y la ilegalidad en que se encontraba el denominado Casal Catalán en Casablanca.
En respuesta a una pregunta del diputado convergente Oriol Pujol Ferrusola, Bargalló se muestra muy crítico con las actividades que realizaba la embajada, clausurada por el actual Ejecutivo, y desautoriza su funcionamiento por "mal uso de los recursos públicos".
La oficina, según el decreto del anterior Gobierno catalán, dependía del Departamento de Presidencia, en concreto de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, en la práctica, era el Consorcio para la Promoción Comercial de Cataluña (Copca)
, del Departamento de Industria, el que sufragaba todos los gastos del programa Cataluña-Marruecos, incluidos los de personal; en total, unos 300.000 euros, de acuerdo con fuentes del Gobierno catalán. El Copca, además, ya disponía de otra oficina en Casablanca, capital económica de Marruecos. Aunque los cuatro trabajadores adscritos a este programa estaban contratados, otros, en cambio, eran voluntarios "que operaban sin ninguna clase de cobertura legal".
Bargalló también critica la "falta de entendimiento" entre las autoridades consulares y Àngel Colom, lo cual "dificultó la promoción de la contratación laboral en origen" hasta el punto de "imposibilitar la identificación del conjunto del flujo migratorio de Marruecos hacia Cataluña en el contingente de 2003". A pesar de ello, la oficina "continuó recogiendo currículos de ciudadanos marroquíes despertando expectativas laborales a ciudadanos que no podía cumplir". Durante el año y medio de funcionamiento, se añade en la respuesta, la delegación "no realizó ningún proyecto de cooperación directa".
El conseller en cap informa de que Colom, ex secretario general de Esquerra, impulsó un denominado Casal Catalán, con sede en la propia oficina, "que no estaba legalizado en el país como entidad sin ánimo de lucro y no disponía de los estatutos jurídicos ni solicitó su reconocimiento oficial por parte de la Generalitat".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de mayo de 2004