Las autoridades cubanas consideran "una flagrante violación de los derechos humanos de 11 millones de cubanos las nuevas medidas económicas y políticas anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos y destinadas a endurecer el embargo y "acelerar la transición" en la isla. El Comité Central del Partido Comunista y el Gobierno de La Habana las calificaron de "brutales y agresivas".
EE UU ha decidido restringir la frecuencia de los viajes de los exiliados para ver sus familiares en Cuba. El nuevo límite es un viaje cada tres años en vez de uno al año como hasta ahora. Además, las autoridades norteamericanas redujeron de 164 a 50 dólares diarios la cantidad de dinero que los visitantes procedentes de EE UU pueden gastar en la isla; limitaron los receptores de remesas y paquetes a los familiares directos residentes en Estados Unidos (abuelos, nietos, padres, hermanos, esposas e hijos); prohibieron el envío de ayudas si sus familiares en Cuba son funcionarios del Gobierno o miembros del Partido Comunista; y financiar a la disidencia y a las emisiones de propaganda contra Cuba.
El Gobierno de Fidel Castro considera que el informe de 500 páginas presentado el jueves por la Comisión para una Cuba Libre en Washington es una "provocación insólita", al asignar decenas de millones de dólares para promover "el mercenarismo" en Cuba y "violar las leyes internacionales para desde una nave aérea emitir transmisiones subversivas contra otro país".
En medios de los disidentes políticos cubanos, las medidas norteamericanas fueron recibidas con escepticismo y en la calle, hasta los más desafectos al régimen, manifestaron su rechazo a una política que lo único que hace es dar la razón al Gobierno y justificar que se endurezca todavía más.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 8 de mayo de 2004