Embalajes, desechos, coches viejos, pilas gastadas, sustancias peligrosas, productos químicos, reciclaje: los 10 países que el 1 de mayo ingresaron en la Unión Europea se enfrentan a la tarea ingente de poner en práctica la normativa europea en materia de desechos domésticos e industriales. Apenas unas semanas antes del ingreso, la Comisión europea estimaba, sin embargo, que todos ellos experimentaban grandes dificultades en trasladar a sus respectivos ordenamientos la multitud de directivas medioambientales de la comunidad.
"Hay todavía lagunas en la legislación relativa a la protección de la naturaleza, a los desechos de la contaminación industrial, pero todos esos textos encontrarán su adaptación en los días que faltan para la adhesión", se decía en medios de la UE en Bruselas, entre accesos de confianza y recaídas de inquietud.
El 85% de la basura se almacena en lugares que no cumplen con las normas europeas
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Desde entonces, la situación ha mejorado en el plano puramente jurídico, pero la puesta en práctica de tanta nueva legislación va a constituir un trabajo de la mayor envergadura. "La transposición del cuadro reglamentario al derecho nacional de cada nuevo miembro ha sido, finalmente, satisfactoria; lo esencial ya se ha hecho", dice un alto funcionario de Bruselas. "Todos cuentan ya con modelos de trabajo que les permitan identificar los problemas para tratar de resolverlos. Todos los países, con la excepción de Malta, han preparado ya un plan de acción para pilotar la adaptación nacional de los nuevos textos".
Hay agujeros negros, que se tardará, sin embargo, en sortear. Pese a los progresos realizados desde la desaparición del telón de acero a comienzo de los años noventa, los países más industrializados de Europa oriental muestran las huellas de todo tipo de prácticas poco respetuosas con el medio ambiente. Los principales problemas nacen de la persistencia, en Polonia o en la República Checa, de lugares de almacenamiento de desechos químicos y metales pesados -que deben tratarse poco a poco en función de su peligrosidad- mal mantenidos, así como de los reducidos medios financieros de que disponen las diversas capitales. Ciertos países, como Polonia, tendrían graves dificultades en aplicar la directiva de reciclaje para coches desguazados. "Las grandes empresas, que con frecuencia están controladas por capital de Europa occidental, pueden adaptarse mucho más rápidamente que las pequeñas, donde las competencias o los recursos nunca sobran", afirma un industrial que no oculta su preocupación por esta causa.
Cada país ha negociado plazos para la transición ante la necesidad de cumplir las normas de la Comunidad, en particular cuando se trata de efectuar grandes inversiones. Polonia, por ejemplo, puede esperar a 2012, mientras que el resto sólo tiene, en cambio, hasta 2009 para adoptar las directivas que limitan, por ejemplo, el volumen de la descarga de desechos. Ese plazo más dilatado les permitirá desarrollar sus capacidades de incineración, así como cerrar las antiguas instalaciones. Aparte del caso polaco, el 85% de la basura doméstica que se genera en los Diez se almacenaba, todavía en 2002, en instalaciones de las que al menos dos terceras partes no cumplían las exigencias de la Comunidad.
Otra dificultad previsible es la que se plantea con la exigencia de reciclar un mínimo de un 55% de los embalajes. Se calcula que costaría alrededor de 1.500 millones de euros la instalación de un sistema de selección y separación eficaz de basuras en los países de nueva accesión. Por ello, lo que hay que hacer, entre otras cosas, es sensibilizar a la población de esos países para con las sutilezas de semejante sistema de trabajo. Y se trata de un ejercicio delicado, como demuestra el hecho de que países fundadores, como la propia Francia, aún no lo han asimilado plenamente.
Los Diez tienen, en definitiva, plazos suplementarios, como topes que van desde 2005 a 2007, para ponerse en regla. El esfuerzo financiero es importante. En los próximos 15 años, los nuevos miembros tendrán que hacer una inversión de entre 50.000 y 80.000 millones de euros, en algunos casos pudiendo recurrir a los fondos comunitarios, para adaptarse a las exigencias de la legislación medioambiental de la Unión Europea. Alrededor de un 20% de esta suma está destinada, según una fuente de la Comunidad, a la gestión de los desechos domésticos e industriales.
A los ojos de los especialistas, sin embargo, el almacenamiento de desechos presenta menos problemas que el tratamiento de las aguas. Polonia y Eslovaquia disponen, en este caso, de un plazo récord, que se alarga hasta 2015, para adaptar su gestión de las aguas residuales a la normativa europea.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 8 de mayo de 2004