¿Ha de aceptar Andalucía 2.500 millones de euros del Gobierno para liquidar la deuda por el sistema de financiación autonómica o ha de exigir una cantidad mayor, más cercana a la deuda real por este concepto? Es evidente que cuanto más se demora la liquidación de esta deuda, más se condiciona el crecimiento de Andalucía, más se acentúan las distancias con otros pueblos de España y de Europa. El clima de crispación que ha caracterizado las relaciones entre los gobiernos de España y Andalucía (de PP y PSOE) en los últimos 8 años ha sido una condena y un lastre para los andaluces, los realmente perjudicados.
Hemos asistido a un periodo convulso, de dimes y diretes, de propuestas de partida sin futuro, de monólogos, de freno. Cuestiones para el enfrentamiento entre PSOE y PP se han dado por doquier. Unas más jugosas que otras, pero cualquiera apta para acabar en los tribunales. La financiación autonómica entre 1997-2001, sin duda, ha sido la que más juego ha dado. Ni más ni menos que 13 recursos ante el Constitucional y 7 por vía contencioso-administrativa.
Lo más singular de la cuestión es que tanto insistir PP y PSOE en que la financiación autonómica no debía de convertirse en uno de los ejes de la campaña para las elecciones andaluzas y generales y las reuniones más sonadas se producen en plena precampaña. La autoría sobre la cifra acordada para zanjar este asunto, 2.500 millones, y los plazos para su liquidación se convierten en nuevos elementos para la discordia, para ocupar titulares y para no llegar a ningún punto. Aún me pregunto cuál es el misterio insondable para que haya un señor A dispuesto a pagar una cantidad determinada y otro B dispuesto a cobrarla y al final ni el uno pague ni el otro cobre.
Pero los problemas para Andalucía parecen haberse difuminado una vez que contamos con un "Gobierno amigo" en Madrid. Antes del 30 de junio se sellará el acuerdo para proceder a la liquidación del sistema de financiación y Andalucía dejará de sentirse agraviada. Sin embargo, la Junta no ha de congratularse tanto de los resultados obtenidos, pues si cuando estaba el "Gobierno enemigo" se consiguió cerrar esta deuda en 2.500 millones, bien podría haberse esforzado ahora con un "Gobierno amigo" para que la cifra se acercase más a la consensuada por el Parlamento: 4.625 millones. Pero nos conformamos con 2.500 millones y ni siquiera por pronto pago, sino que además, la Junta acepta de muy buen grado los plazos para abonarlos. Esto suena a la conocida fórmula de 30, 60 y 90 días. Y más aún, a tarde, mal y nunca. No todo son parabienes en esta nueva etapa de "amistad" con Madrid como algunos tratan de hacernos creer. Apreciamos que cuestiones prioritarias comienzan a ralentizarse, a obviarse y Andalucía, mucho me temo que también.
Antonio Ortega es presidente del Grupo Andalucista del Parlamento y secretario general del PA.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 9 de mayo de 2004