Un coronel en activo de la Guardia Nacional venezolana fue detenido ayer por estar presuntamente vinculado con la organización paramilitar desmantelada el domingo en las cercanías de Caracas. Orlando Castro Gerges fue apresado en la ciudad de Maracay, a 80 kilómetros al oeste de Caracas.
El vicepresidente José Vicente Rangel informó de que, hasta ahora, han sido detenidas 90 personas, y anunció que en las próximas horas se informará acerca de los vínculos del grupo paramilitar descubierto con personalidades políticas, empresariales y militares.
El domingo al amanecer, fuerzas policiales y militares detuvieron a 57 hombres vestidos con uniformes del Ejército venezolano, pero desarmados, y allanó una finca en el extrarradio de Caracas, donde supuestamente estas personas pernoctaban y llevaban a cabo entrenamientos militares. Siguen en fuga otros 50 sospechosos. Rangel reveló que los colombianos detenidos informaron, en sus primeras declaraciones al tribunal militar, de que al menos dos miembros del grupo fueron asesinados y sepultados al intentar huir del lugar. La policía exhumó anoche el cadáver de uno de los asesinados y busca el segundo en la misma finca en la que se encontró el campamento.
Amenaza de estallido social
El vicepresidente añadió que los organismos de inteligencia tienen indicios de reuniones efectuadas en Colombia, en las que participaron representantes de la Coordinadora Democrática y el comandante del Ejército de ese país, general Martín Carreño. En ese encuentro, supuestamente, los dirigentes opositores pidieron apoyo a Colombia frente a un estallido social que estaría por ocurrir en Venezuela. Estados Unidos negó ayer toda vinculación con el caso.
El vicepresidente deploró que la oposición y los medios de comunicación críticos con el Gobierno hayan asumido la actitud de considerar lo acontecido como un montaje. "Éste es un tema de Estado. Lamentablemente, algunos sectores han pretendido banalizar un hecho tan grave", dijo.
El portavoz de la alianza opositora Coordinadora Democrática, Jesús Torrealba, insistió en la idea del montaje, señalando que está destinado a mejorar la imagen del Gobierno en el exterior. Alejandro Peña Esclusa, dirigente del Bloque Democrático (oposición radical), advirtió de que el episodio pretende crear las condiciones para una escalada de detenciones a dirigentes civiles. Peña Esclusa admitió que Roberto Alonso, el cubano-venezolano propietario de la finca donde estaban acantonados los irregulares, pertenece al Bloque.
Alonso, que presumiblemente se halla en Miami (EE UU), no ha aceptado entrevistas, pero en mensajes difundidos en Internet ha dicho que es "un perseguido político de Chávez".
Mientras tanto, en declaraciones a una emisora colombiana, el ex presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, se unió a la tesis del montaje: "Es mentira; un invento de Chávez". En Bogotá, el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, dijo que su Gobierno dará a Venezuela el apoyo necesario para identificar a los procesados.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de mayo de 2004