Aunque por distintas razones, PP y PSOE están de acuerdo en canalizar hacia la comisión de seguimiento del Pacto Antiterrorista, que se reúne mañana, algunas de las polémicas que vienen enfrentándoles. Rajoy exigió la reunión por carta a Zapatero para que el ministro del Interior rectificase su opinión de que antes del 11-M había habido "imprevisión política". Por su parte, el Gobierno se comprometió a convocarla para discutir medidas que mejoren la eficacia antiterrorista.
Puesto que existe ese marco, parece lógico tratar de aprovecharlo para eliminar malentendidos, que los ha habido, antes de que se conviertan en pretexto para hacer de la política antiterrorista motivo de división y enfrentamiento. Evitarlo era uno de los objetivos del pacto, y puede considerarse aplicable a cualquier terrorismo. Sin embargo, sería poco realista pretender ir más allá y convertir el acuerdo en marco para eventuales iniciativas compartidas frente al terrorismo islamista. El pacto, sus contenidos concretos, sólo tienen sentido frente a ETA. Es un compromiso público de que ningún cambio de mayoría modificará el criterio de no negociar concesiones políticas con los terroristas; precisamente porque la expectativa de conseguirlo ha sido el principal incentivo de la continuidad de ETA. Por eso era un pacto entre los únicos partidos con posibilidades realistas de gobernar, aunque otras fuerzas pudieran adherirse.
El acuerdo desarrolla ese principio en relación a asuntos como el Pacto de Lizarra, el Estatuto de Gernika, la política penitenciaria, eventuales reformas legislativas, etcétera. Es decir, siempre en referencia a los problemas concretos planteados por el terrorismo de ETA. Resulta artificioso intentar aplicar esos principios a Al Qaeda, que ni se propone cambiar la Constitución española para incluir la autodeterminación, ni pactó con organizaciones legales un acuerdo político, ni pretende negociar nada con el Gobierno.
La reunión de mañana debería servir para aclarar malentendidos, reafirmar el compromiso de sacar el tema terrorista de la confrontación partidaria, y tal vez para que ambos partidos intercambien ideas sobre cómo abordar el nuevo desafío; pero sería banalizar el pacto pretender que, puesto que se llama antiterrorista, sirva de guía para hacer frente a cualquier terrorismo: todos son condenables, con independencia del pretexto a que se acojan; pero eso no significa, como parecía creer Aznar, que todos sean iguales o deban ser combatidos con las mismas medidas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de mayo de 2004