Tras muchas dudas y vacilaciones, el PP resolvió finalmente pedir hace ocho días una comisión de investigación en el Congreso para esclarecer "toda la verdad" sobre el atentado del 11-M; el ámbito temporal y material de la encuesta debería incluir -según su criterio- las transgresiones a la jornada de reflexión previa a las elecciones del 14-M y los "flujos de información" procedentes del Gobierno, los partidos políticos y los medios de comunicación. El portavoz parlamentario del PP comunicó hace unos días a la audiencia de Tele 5 su "sensación" de que "alguien" había jugado durante esas cuatro jornadas de marzo con el Ejecutivo de Aznar; aun sin llegar a formular la teoría de la "mano negra" por falta de datos capaces de "avalar" la afirmación, el perspicaz Eduardo Zaplana tiene la "intuición" -tal vez parapsicológica- de que "algunos quisieron instrumentalizar en su propio beneficio" la tragedia de los trenes de la muerte. Por su parte, el secretario general Mariano Rajoy anuncia la "total disponibilidad" de los cargos del PP y del anterior Ejecutivo a comparecer ante la comisión; una oferta redundante, ya que las citaciones de ese órgano parlamentario -conforme al artículo 76 de la Constitución- son obligatorias: el artículo 502 del Código Penal tipifica las incomparecencias de los convocados como un delito de desobediencia y castiga con penas de privación de libertad los testimonios falsos.
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Los grupos parlamentarios de ERC e IU se habían adelantado en la iniciativa a los populares, que alegaban entonces la improcedencia de emprender una encuesta parlamentaria paralela a un sumario judicial instruido bajo secreto. Los socialistas se habían limitado entre tanto a proponer -al amparo del artículo 53 del Reglamento del Congreso- la creación por la Mesa de la Cámara de una comisión de estudios, sin capacidad para obligar a comparecer a los citados. Sin embargo, también habían anunciado su disposición a respaldar en el pleno una comisión de investigación en toda regla si el principal partido de la oposición así lo exigiera. El efectivo cumplimiento por el PSOE de ese compromiso pocas horas después del anuncio por el PP el pasado miércoles de su cambio de estrategia contrasta con el implacable boicoteo dirigido durante la anterior legislatura por los diputados populares contra cualquier tentativa de la oposición para controlar al Gobierno de Aznar, fuese a propósito de la catástrofe del Prestige, la participación española en la guerra de Irak o el accidente aéreo del Yakovlev.
Los resultados de la reunión del Pacto Antiterrorista -limitado al PSOE y al PP- convocada para hoy por el presidente Zapatero, de un lado, y la información confidencial que facilitará mañana el Gobierno a la Comisión de Secretos Oficiales, de otro, despejarán el camino de la encuesta. La distribución de los 21 puestos de la comisión de investigación entre los grupos de acuerdo con su representatividad en la Cámara, el nombramiento de presidente, la fecha de comienzo de las actuaciones y el listado de comparecientes serán los primeros pasos de este órgano parlamentario. Dado que la comisión de investigación sobre el 11-M reflejará necesariamente la correlación de fuerzas nacida el 14-M, el PP no podrá repetir en el Congreso la desvergonzada y sectaria actuación que sus diputados autonómicos llevaron a cabo el pasado verano en la Asamblea de Madrid al imponer su fraudulenta mayoría aritmética para impedir el esclarecimiento de la sospechosa saga-fuga de los tránsfugas socialistas Tamayo y Sáez.
A la vista del insólito y penoso espectáculo ofrecido durante el reciente pleno del Congreso sobre la retirada de las tropas de Irak por el presidente y el portavoz del grupo parlamentario popular, obcecados infantilmente en cerrar los debates infringiendo las normas reglamentarias al respecto, se diría que el PP no ha interiorizado su derrota en las elecciones del 14-M. Hay razones para temer, en consecuencia, que los jefes parlamentarios del primer partido de la oposición no sepan resignarse democráticamente a quedar en minoría en las votaciones de la comisión de investigación cuando sus criterios no coincidan con las opiniones de los restantes grupos o sean rechazadas sus infundadas pretensiones de obtener un trato privilegiado para las intervenciones regladas de sus portavoces.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de mayo de 2004