Como cada cuatro años, el Parlamento andaluz, en complicidad con todos los partidos políticos, consuma, una vez más, un acto de fraude de ley al ratificar la elección de los miembros del Consejo de Administración de la RTVA sin tener en cuenta el único requisito legal que se exige para ser nombrado.
El Estatuto de la Radiotelevisión de Andalucía dispone que estos nombramientos deben recaer en "personas de relevantes méritos profesionales". En consonancia con esta exigencia, fija una generosa remuneración que ronda las ochocientas mil pesetas mensuales, aparte extras. Es lo suficientemente atractiva como para convencer a cualquier profesional para pedir excedencia y dedicarse de lleno y en exclusiva a la noble tarea de aportar sus conocimientos para el engrandecimiento de esta empresa pública. Se entiende conocimientos profesionales relacionados con los medios audiovisuales y no con la fusión nuclear o la fecundación in vitro, por ejemplo.
¿Pero qué sucede en realidad? Pues que los partidos políticos, todos, utilizan estos cargos para remunerar generosamente a una serie de liberados a costa de la RTVA, salvo honrosas excepciones. Es un flagrante fraude de ley, porque el presupuesto que se supone es para remunerar a profesionales de reconocido prestigio para el buen funcionamiento de la RTVA, se utiliza para financiar a los partidos políticos, para liberar a prestigiosos profesionales de la política o en sus respectivas profesiones, cuya dedicación y esfuerzo intelectual lo dedican al aparato de sus respectivos partidos, actuando exclusivamente en la RTVA como comisarios políticos. Y todo con las bendiciones de nuestro Parlamento, que legitima un fraude de ley sencillamente porque conviene a todos los partidos políticos. ¿Es éste el nuevo talante... o son los viejos vicios?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 13 de mayo de 2004