La Comisión de Gobierno de Leganés (PSOE) aprobó ayer una partida de 98.600 euros para sufragar la contratación de dos catedráticos de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, que deberán defender la Tasa por la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos -conocida popularmente como ecotasa- ante el Tribunal Constitucional, en la presentación de un recurso que ayer anunció el Ejecutivo municipal. La portavoz popular, Guadalupe Bragado, criticó que el alcalde pretenda llegar hasta el Constitucional "a costa del dinero de todos, además de enviar amenazas de embargo a los vecinos y de no asumir que la sentencia es favorable a los mismos".
Se refería a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el incidente de nulidad que interpuso el Consistorio contra la anulación de los recibos de la tasa de 2001 a 21 vecinos. El concejal de Hacienda de Leganés, Antonio García Blázquez,justificó el recurso ante el Constitucional con el argumento de que el propio Tribunal Superior "está de acuerdo con el contenido de la ordenanza reguladora de la tasa", y porque la anulación de los recibos se realiza por un "defecto de forma que puede ser corregido". García recordó que el error consistió en que no estuvo bien elaborado el balance de gastos-ingresos del tributo.
Devolución de recibos
La Concejalía de Hacienda prepara estos días, para ejecutar antes de fin de mes, los 21 expedientes de devolución de la liquidación del impuesto de basuras del año 2001. Estos vecinos son los 21 representantes de asociaciones y entidades ciudadanas, miembros de la Plataforma contra la Tasa de Basuras, que suscribieron una denuncia contra el Ayuntamiento y contra el cobro "ilícito e ilegal del nuevo impuesto de basuras".
Desde 2001, Leganés cobra a todos los vecinos un impuesto anual de basuras que oscila entre 18 y 72 euros, y contra el que se ha levantado un movimiento vecinal por ser "ilegal, injusto e indiscriminado".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 13 de mayo de 2004