Cinco ex trabajadoras del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) terminaron ayer al mediodía un encierro de 24 horas en la sede del Instituto Andaluza de la Mujer (IAM) en la capital hispalense para protestar por sus despidos y los de otras cuatro compañeras. Las mujeres, afiliadas a Comisiones Obreras, anunciaron nuevas movilizaciones para denunciar "la actitud antidemocrática" de la alcaldesa de Tomares, Antonia Hierro, del PSOE.
Al encierro, que empezó al mediodía del miércoles y duró 24 horas, se sumaron unas 30 personas en solidaridad con las cinco despedidas. Éstas mujeres trabajaban como personal laboral en el área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Tomares, algunas desde hacía más de 17 años, según Mercedes Borrego, delegada de CC OO. Borrego sostiene que la "persecución" empezó en junio 2001, cuando el sindicato "se puso del lado de una compañera despedida".
La mujer despedida fue, según CC OO, la psicóloga Pilar Millán, quien había trabajado 19 años en el consistorio. "La alcaldesa amortizó mi plaza y denuncié mi situación. El juez me dio la razón, declaró el despido nulo y la alcaldesa me tuvo que volver a contratar. He durado 13 meses, de nuevo me ha vuelto a despedir y espero otra sentencia judicial", afirmó ayer Millán.
Este despido, según Borrego, provocó que algunos de sus compañeros abandonasen UGT, que no ha secundado este encierro, para afiliarse a Comisiones Obreras, sindicato minoritario en el Ayuntamiento. "Después siguieron despidiendo a gente y aunque en siete casos el juez nos ha dado la razón, la situación continúa y el pasado viernes la policía desalojó a dos compañeras del Ayuntamiento", dijo Borrego.
Una de las despedidas trabajaba en el Ayuntamiento de Tomares desde 1987 y la otra desde 1998. "Lo que hicieron fue decirnos que si seguíamos siendo del sindicato nos iban a echar", afirmó ayer Irene Guerra, una de las afectadas. El Ayuntamiento, según las despedidas, convocó unas oposiciones para cubrir las plazas que ellas ocupaban como personal laboral en el área de Asuntos Sociales. "No sacamos las oposiciones y ahora vamos a intentar que las anulen porque aunque la convocatoria era legal, el tribunal no fue justo", afirmó Guerra.
La teniente de alcalde, Manuela Trujillo, del PSOE, señaló que el Ayuntamiento se ha limitado a reorganizar la plantilla. "Ha sido un procedimiento transparente y no hay nada más", dijo Trujillo, quien añadió: "Estamos sufriendo el continuo acoso de las trabajadoras cuando lo único que hemos hecho es dar trabajo a personas que han aprobado sus oposiciones. Ésta es la historia de nunca acabar y no paramos de padecer injurias".
El portavoz municipal de IU, Antonio Luis García, dijo ayer que ha pedido explicaciones por lo ocurrido, mientras que la portavoz del PP, Mercedes Yedías, señaló que "las trabajadoras están sufriendo acoso y la alcaldesa muestra un talante déspota y dictatorial".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de mayo de 2004