Quiero pensar que sí. Desde el 14 de marzo hay una coincidencia generalizada en que las cosas han cambiado, y que lo han hecho a mejor. Yo comparto esa idea y creo que quienes consideramos que ahora va a ser posible proponer cualquier cuestión para su debate público no debemos caer en el error de reproducir, con un leguaje más amable y un tono más sosegado, eso sí, la misma cerrazón que tanto hemos criticado. Por eso, no me parece constructivo hacer cuestión innegociable la exigencia de la retirada de un proyecto que se viene gestando en las instituciones democráticas desde hace dos años y medio y que se encuentra en estos momentos en su sede natural: el Parlamento vasco.
Ahora que tanto se ensalza y se alardea del cumplimiento de las promesas electorales, no está de más recordar que la propuesta de reforma estatutaria en curso fue una promesa electoral que fue avalada en las urnas y que su elaboración es el fruto de los trabajos de una ponencia constituida ad hoc que, durante siete u ocho meses, discutió desde cero todo lo que los grupos representados en el Parlamento vasco tuvieron a bien plantear. No fue una invención instantánea, sino una ardua tarea; no es una obra cerrada y terminada, sino una simple iniciativa cuya virtualidad fundamental es dar cuerpo a lo que fueron las orientaciones recogidas en el Parlamento.
Lo esencial es un consenso amplio, y eso depende de la voluntad de comprometerse
La propuesta de reforma estatutaria fue una promesa electoral avalada en las urnas
Como tal iniciativa, y pese al incesante esfuerzo del anterior Gobierno de cortocircuitarla a través de su fallida impugnación ante el Tribunal Constitucional, la propuesta está depositada en la Cámara vasca a la espera de que quienes afirman estar comprometidos con el diálogo y con la voluntad popular hagan efectivas esas solemnes declaraciones y asuman la responsabilidad de defender su postura. Nadie ha escatimado facilidades para que se incorporen al juego parlamentario, que es un juego de debate, transacción y consenso. Un cauce de integración política y de búsqueda de compromisos. Por eso, no implicarse en los trabajos parlamentarios y rehuir la participación en la elaboración de un proyecto de convivencia, en vez de contribuir a acercar las posiciones, lo único que propicia es el distanciamiento y la duda de si lo que se está esperando es una ocasión más favorable o de mayor fortaleza.
El Tribunal Constitucional ha avalado que la Propuesta del Gobierno vasco es una iniciativa de reforma del Estatuto de Gernika amparada en su artículo 46. Es, pues, una propuesta que nace y tiene su cauce en el propio Estatuto de Gernika y, por tanto, desde este punto de vista, una propuesta perfectamente estatutaria que se atiene al procedimiento y a las reglas previstas para su elaboración, presentación y discusión en el Parlamento. Considera que se trata de un debate intachablemente democrático cuyo foro es, y sólo puede ser, el Parlamento vasco y no los tribunales, incluido el propio Constitucional. (Léanse con calma los fundamentos jurídicos 4, 5, 6 y 7, páginas 22 a 29, del Auto del TC de 20-4-2004).
En contra de quienes conciben la Constitución Española como un marco cerrado e inamovible, el Tribunal Constitucional deja plenamente sentada la constitucionalidad ilimitada del debate político y, como no podía ser de otro modo, la constitucionalidad de la posibilidad de plantear la propia reforma de la Constitución, ya que la española, a diferencia de la francesa o la alemana, no excluye de tal posibilidad ninguno de sus preceptos, ni somete la revisión constitucional a más límites expresos que los estrictamente formales o de procedimiento. Echa por tierra el Tribunal la tesis de los que a sí mismos se llaman constitucionalistas, según la cual ellos detentan la exclusividad de la interpretación, unilateral y unívoca, de la constitucionalidad de las cosas, como si hubiera una verdad constitucional sólo a ellos revelada.
Creo, en definitiva, que no es tiempo de vetos ni de circunloquios acerca del procedimiento de reforma seguido hasta ahora ni de compararlo con el elegido en Cataluña. Lo esencial es lograr un consenso amplio, y eso sólo depende de la voluntad de comprometerse en su búsqueda y materialización y, por supuesto, de aceptar el resultado que el veredicto de las urnas arroje. La ausencia de mayorías absolutas y la necesidad de acuerdos para superar las que establecen las normas vigentes obligan a que se llegue a un acuerdo entre fuerzas políticas muy distintas. Más garantías no se pueden dar. Por eso, el que no se sume ejercerá su libre y legítima opción política, pero tendrá que explicarla a los ciudadanos y asumir la responsabilidad política por esa decisión. Una explicación que, si es sincera, no podrá basarse, en mi opinión, en problemas de método, sino, simplemente, en la falta de voluntad de participar en la decisión política más importante para Euskadi de los últimos 25 años.
Margarita Uría es diputada del PNV en el Congreso y jurista.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 16 de mayo de 2004