La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, aseguró la pasada semana a los sindicatos que el Gobierno financiará la generalización de la gratuidad de la educación infantil de 3 a 6 años. Ésta es una de las medidas que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha decicido no paralizar.
Lo que no ha explicado el Gobierno es si esa financiación irá destinada a aumentar la cantidad de plazas públicas para los niños de estas edades o si financiará el aumento de los conciertos en esta etapa a los centros privados concertados.
Aunque la Ley de Calidad obliga a genereralizar la gratuidad de estos conciertos, lo cierto es que en muchas comunidades autónomas ya se garantiza la educación gratuita para todos los niños de estas edades. La polémica se ha centrado en los últimos años en quién paga esa gratuidad. Las comunidades consideran que desde el momento que una ley orgánica obliga a poner en marcha esta medida, el Gobierno debe darles dinero por el coste que represente, tanto en las comunidades que ya la han adelantado por su cuenta como en las que todavía no lo han hecho.
Presumiblemente, el Ejecutivo no daría esta cantidad a las autonomías con carácter finalista, sino incluida dentro del paquete global de financiación autonómica. De ser así, cada comunidad tendría libertad de decidir si financia con él plazas públicas o privadas. Además, si el Gobierno sigue ese sistema, estaría optando (según han advertido los sindicatos) por financiar indirectamente a la educación privada al hacerse cargo del coste que algunas comunidades ya han destinado a pagar conciertos.
La decisión de a quién se destina ese presupuesto no es menor. La mayoría de los centros tiene comprobado que cuando una familia opta por matricular a sus hijos en un tipo de centro, generalmente no suele cambiar después su elección, a no ser que surja algún problema grave.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 17 de mayo de 2004