Después de escuchar al Comité Internacional de la Cruz Roja decir que hacía muchos meses que conocía las torturas de Irak y que lo había comunicado a los Gobiernos respectivos, pero que sus estatutos jurídicos no le permiten hacerlo público, pienso que se debería realizar una revisión urgente de dichas normas jurídicas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de mayo de 2004