El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró anoche que el Gobierno "está satisfecho" de que la ley se "haya hecho cumplir", en relación con la decisión del Supremo de anular la candidatura del Herritarren Zerrenda (HZ).
El titular de Justicia también se mostró convencido de que "existen líneas de continuidad claras" entre la candidatura de HZ y organizaciones ilegalizadas por decisiones jurisprudenciales ya consolidadas, como es el caso de Batasuna.
Asimismo, el presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgáiz, consideró que la anulación de la lista de (HZ) al Parlamento Europeo es "una magnífica noticia para la democracia española y la democracia europea, ya que los criminales de ETA no van a tener voz ni voto en las instituciones europeas".
Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, consideró que la decisión de la Sala Especial del Supremo era "previsible" y lamentó que esa sala haya acreditado en sus últimas intervenciones "una absoluta incapacidad para actuar con imparcialidad e independencia".
A su entender, PP y PSOE aprobaron esta ley con "el clarísimo objetivo de alterar el mapa político en Euskadi" y, para ello, eligieron "un instrumento clave", que era la Sala Especial del Supremo.
Por la mañana, el lehendakari, Juan José Ibarretxe, había pedido al PSOE reflexión sobre las consecuencias de la ilegalización de HZ. Argumentó que esa decisión dificulta la desvinculación del radicalismo abertzale de ETA y su tránsito hacia la política, que según afirmó, supuestamente desea mayoritariamente la antigua Batasuna, informa Isabel C. Martínez.
También la secretaria de organización de Eusko Alkartasuna, Onintza Lasa, expresó su "total desacuerdo" con la decisión del Supremo.
La cabeza de lista de Herritarren Zerrenda a las elecciones europeas, Marije Fullaondo, anunció que su candidatura interpondrá ante el Tribunal Constitucional el correspondiente recurso contra la decisión del Supremo de anularla, al estimar que es sucesora de Batasuna.
Fullaondo denunció que el Gobierno central "ha tenido un objetivo claro, que es asesinar políticamente a miles de ciudadanos" y lamentó que "el Supremo le haya dado la razón".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 22 de mayo de 2004