El desgraciado atropello mortal cometido por Farruquito ha dado lugar a una nueva campaña mediática de enjuiciamiento paralelo de los hechos en la que la televisión pública andaluza se ha destacado lamentablemente.
Conocida la implicación del artista en el accidente y las escabrosas circunstancias que lo rodearon, La Nuestra procuró con diligencia la aparición de los más allegados familiares de la víctima exhibiendo su desolación con minuciosa sordidez, y exigiendo acto seguido una "justicia" que quedaba cifrada subrepticiamente en términos de venganza. Este mensaje no sólo se dejaba llegar al televidente sin filtro ni matiz, sino que reforzaba el contraste con las manifestaciones de apoyo al presunto autor, que indefectiblemente resultaban indignas ante la magnitud de la tragedia provocada.
Recientemente, Paco Lobatón, alegando su intención de satisfacer la gran demanda informativa generada por el caso, emitía en su programa Siete Lunas un reportaje sobre conductores habituales que carecen de carné (tema que sólo tangencialmente se relaciona con el asunto de referencia, cuya esencia es la conducción temeraria y su adecuado castigo), y aprovechaba para volver a mostrar imágenes de la viuda lamentando su dolorosa pérdida, contrapesadas de nuevo por una defensa del bailaor especialmente desafortunada por parte de su colega Antonio Canales.
La sustancia informativa de estos hechos, por el momento, no da de sí más allá de la narración de los mismos con expresión de sus circunstancias e identificación de sus concurrentes. Por lo demás, ya están los jueces para valorar, calificar, enjuiciar e imponer el oportuno castigo, con la ayuda de los demás miembros de la Administración de justicia, y mediante la aplicación del único criterio válido para hacerlo: la ley.
El resto ha sido un mareo vergonzoso de la perdiz del morbo; otro indecente festival de chapoteo en la miseria, de fomento de las reacciones más viscerales y de los rencores más inmediatos e irracionales; de negación de la urbanidad más elemental y de desprecio de normas básicas que deberían ser sobreentendidas en cualquier Estado de Derecho que se precie.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 24 de mayo de 2004