La reforma de la Organización Común del Mercado (OCM) del aceite de oliva ha sido sin duda el tema estrella del pleno del Parlamento andaluz celebrado ayer y anteayer. Por cuarta vez en sólo dos días los diputados volvieron a abordar la discusión, en una proposición no de ley del PP, con el mismo resultado: socialistas y populares se responsabilizaron de los efectos negativos de la negociación, y PA e IU pidieron medidas para remediar lo que todos consideran -y en esto es en lo único que coinciden- una calamidad.
Al margen de los cruces dialécticos de los portavoces, que reiteraron los mismos argumentos, sí quedó claro que la Junta no va a solicitar, al menos por ahora, al Gobierno central que presente un recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo. Esta era una de las medidas que proponía el PP en su iniciativa y que fue rechaza por la mayoría absoluta del PSOE y apoyada por andalucistas e Izquierda Unida.
El portavoz popular, José Enrique Fernández de Moya, dijo que a la Junta los olivareros no les importan nada y actúa con "cinismo y mucha caradura", acusación que sustentó en el hecho de que con anterioridad demandara entre 150 y 200 millones de euros para el olivar y ahora asume sólo 43 millones. Fernández de Moya pedía en su proposición no de ley que la Junta consiga 180 millones de euros del Estado que sumen a los 20 millones asignados por la UE.
Juan Antonio Cebrián, del PSOE, atribuyó a las "pésimas" negociaciones del Gobierno de José María Aznar la merma en la reforma de la OCM y aseguró que el actual Ejecutivo lo que ha hecho es reconducir en dos días un situación "complicada" durante nueve meses de conversaciones por el "aislamiento" del PP en la UE.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de mayo de 2004