El conflicto de Darfur sólo es el más reciente de los que padece Sudán. El pasado miércoles, el Gobierno de Jartum y los rebeldes del Ejército Popular de Liberación de Sudán (EPLS) firmaron tres protocolos que resuelven los asuntos pendientes para cerrar el conflicto entre norte y sur del país que, desde 1983, se ha cobrado la vida de cerca de dos millones de personas.
El acuerdo, que se firmó en la ciudad keniana de Naivasha, establece fórmulas para compartir el poder político y define el estatus y la administración de tres regiones que se disputan norte y sur. Ahora resta redactar un acuerdo global que incluya los detalles y aspectos técnicos de todo lo pactado, y que, según los mediadores, podría estar listo a mediados de julio.
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En los últimos años, ante la presión internacional para acabar con el conflicto, especialmente de Estados Unidos y de los países de la región, Gobierno y rebeldes ya habían acordado un periodo de transición de seis años durante el cual la ley islámica no será aplicada en el sur -de mayoría cristiana y animista- y a cuyo término se celebrará un referéndum sobre la independencia. También habían aceptado compartir al 50% los ingresos del petróleo, situado fundamentalmente en el sur. Su explotación desde 1999 había exacerbado la guerra.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de mayo de 2004