Un total de 12 organizaciones -entre sindicatos de izquierda y de estudiantes, la confederación mayoritaria de APA, partidos y asociaciones de directores e inspectores- mostraron su apoyo al decreto que paraliza la LOCE, aprobado ayer por el Gobierno del PSOE. A la vez, pidieron al Ejecutivo valenciano del PP -que recurrirá la medida ante el Tribunal Supremo- que "no genere confusión" y "tranquilice a la comunidad educativa".
La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Pùblic calificó de "noticia muy positiva" la paralización de la LOCE e insistió que ello "no debe provocar ningún transtorno", pues el contenido del Real Decreto aprobado es "claro" respecto a que "se seguirán aplicando las medidas de la LOCE que estaban en marcha". Es decir, la repetición de curso para los que suspendan más de dos asignaturas y los recuperados exámenes de repesca.
El resto de medida, subrayó la presidenta de la Confederación de APA Gonzalo Anaya, Carmen Molina, "se aplazan durante los dos años que se ha dado el nuevo Gobierno para consensuar una nueva ley". Un plazo "muy razonable para debatir y alcanzar un marco educativo estable y consensuado", puntualizó el secretario general de FETE-UGTPV, Pedro Espada. Molina -acompañada también por la diputada socialista Ana Noguera y Javier Soria de Esquerra Verda- presentó el Manifiesto elaborado de cara a la concentración convocada el 3 de junio para pedir al Consell un "plan de choque para la educación pública".
Los representantes de los directores, Vicent Baguetto y Ximo Carrión, reclamaron al consejero González Pons que "tranquilice a la comunidad educativa" y negocie "los flecos pendientes de la planificación del próximo curso", y alertaron de que la consejería "está recortando grupos de Bachillerato solicitados por los equipos directivos, pese a que contaban incluso con el visado de los inspectores".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de mayo de 2004