Cada año entran irregularmente en Europa medio millón de inmigrantes, según el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias. Para hacer frente a ese flujo, que se incrementa año tras año, tanto la UE en conjunto como varios de sus países miembros han endurecido las políticas de inmigración y asilo.
España, donde residen unos 800.000 sin papeles, se convirtió el año pasado en el primer destino de los inmigrantes llegados a la UE: casi uno de cada cuatro (el 22,9%) se instaló en el país, según la oficina de Estadística de la Unión, Eurostat.Por eso, las resoluciones que adopte el Parlamento Europeo en este asunto durante la próxima legislatura afectarán a España de manera fundamental.
Numerosos informes afirman que la UE necesitará 650.000 inmigrantes anuales durante las próximas dos décadas. Pero, dado que los diez países que acaban de incorporarse a la Unión suministrarán 250.000 cada año, la demanda queda reducida a 400.000.
Hasta el momento, la opinión pública respalda el modo en que la Comisión Europea ha abordado la inmigración. El 56% de los europeos reconoce que los extranjeros son necesarios en ciertos sectores económicos, y el 66% desea para ellos los mismos derechos que disfrutan los ciudadanos comunitarios. Pero, al mismo tiempo, una aplastante mayoría, el 80%, es partidaria de reforzar los controles fronterizos, según el Eurobarómetro de marzo.
A pesar de esta sintonía global con las instituciones, la política de Justicia e Interior de la UE avanza lentamente. Los motivos pueden hallarse en la letra pequeña del mencionado Eurobarómetro. Mientras el 86% de los españoles son partidarios de otorgar a los inmigrantes los mismos derechos que les asisten a ellos, sólo el 50% de los alemanes respaldan esa opinión. De ahí que sea el Gobierno alemán el que pone más obstáculos cuando el Consejo Europeo intenta adoptar normas comunes de asilo o establecer el estatuto de inmigrante de larga duración.
Cuatro iniciativas abordadas el año pasado hacen pensar que la política europea deriva hacia el cierre de fronteras: la directiva de asilo, la de reagrupación familiar, la agencia de control de fronteras y los acuerdos con otros países para repatriar a los sin papeles.
La primera es la más llamativa, pues pretende rechazar sistemáticamente a los demandantes de asilo que procedan o hayan transitado por países considerados "seguros". La lista definitiva de esos países aún no ha sido confeccionada, pero se baraja la posibilidad de incluir en ella a todos los firmantes de la Convención de Ginebra.
La reagrupación familiar sólo abarcará a las parejas de hecho reconocidas por el país receptor. La agencia de control de fronteras coordinará y financiará con 30 millones de euros los vuelos conjuntos para expulsar a sin papeles. En cuanto a los acuerdos internacionales de repatriación, hasta el momento sólo han sido firmados con Hong Kong, Sri Lanka, Macao y Albania, aunque se negocian otros. A todo esto hay que añadir la discutida exigencia de visados con datos biométricos (huellas dactilares y características físicas) para entrar en la UE.
El Gobierno del PP participó en algunas repatriaciones conjuntas a países del Este y en la denominada Operación Ulises: barcos y fuerzas de seguridad de cinco países patrullaron durante ocho días el Mediterráneo occidental para interceptar embarcaciones cargadas de inmigrantes irregulares. El despliegue costó un millón de euros y terminó en fracaso.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de mayo de 2004