La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha obligado a una empresa de Cantabria a readmitir o a indemnizar a una limpiadora contratada para prestar servicios en un programa para menores infractores en régimen cerrado, y que suscribió un contrato temporal por ocho meses al día siguiente de extinguir otro de seis meses por hacer idénticas labores.
Según la sentencia, el segundo contrato, celebrado el 9 de abril de 2002, al día siguiente de concluir el primero, se denominó "para obra o servicio determinado", pero a la trabajadora se la destinó a tareas de limpieza en uno y otro caso, "con lo que la irregularidad de la contratación concatenada y sin solución de continuidad se hace evidente".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de junio de 2004