El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, anunció ayer que su partido está redactando un informe que enviarán al fiscal de Madrid en el que se analizan los pasos dados por el Gobierno de Esperanza Aguirre para aplicar parte de la Ley de Calidad (LOCE) que queda aplazada por un decreto gubernamental avalado por el Consejo de Estado.
Según la portavoz adjunta socialista, Ruth Porta, "la circular o instrucción enviada por la viceconsejera de Educación [Carmen González], a los institutos emplazándoles a aplicar los itinerarios o, en caso contrario, a notificar las razones técnicas y organizativas que les impiden hacerlo, supone vulnerar la legislación vigente aprobada por el Gobierno de la nación".
Carmen González firmó estas instrucciones a las que se refiere la portavoz socialista el 31 de mayo, dos días después de que el Gobierno aprobara un decreto en el que se aplazaba, precisamente, la implantación de los itinerarios educativos.
Según Porta, esto es una "resolución arbitraria dictada con conocimiento de causa", puesto que da por hecho que González sabía ya de la existencia del decreto gubernamental. Por esa razón, el PSOE entiende que "el Gobierno regional podría incurrir en un posible delito de prevaricación".
Ruth Porta asegura que su grupo "no prejuzga que haya habido prevaricación. Simplemente pedimos al fiscal que inicie las investigaciones pertinentes para determinar si hay delito o no".
Porta calificó la política de Aguirre de "locura" y aseguró que "ni siquiera el Gobierno vasco ha llegado tan lejos en el incumplimiento de la ley". Para la portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea madrileña, la utilización del Consejo de Estado como árbitro de la aplicación o paralización de la ley no es más que "poner parapetos".
El aplazamiento del calendario de aplicación de la LOCE que aprobó el Gobierno por decreto y los recursos en contra anunciados por las comunidades gobernadas por el PP hace una semana que mantienen aún fuegos encendidos. Ayer en Valencia se manifestaron sindicatos, padres y alumnos "por la incertidumbre" sobre el sistema educativo que, dicen, introduce el Gobierno de la Generalitat, informa Neus Caballer.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de junio de 2004