EL SEGUNDO borrador de Resolución que Estados Unidos se propone presentar al Consejo de Seguridad antes del 30 de junio contiene algunas de las previsiones sobre las que debería articularse cualquier salida para la crisis, al menos en el plano de los principios. A pesar del complejo sistema de cautelas y garantías que contempla, siempre favorable a los ocupantes, el borrador está implícitamente construido en torno a la idea de que mientras no se dé una inequívoca respuesta al problema de la legitimidad sobre la que se asentará un futuro Gobierno iraquí, la escalada militar entre los ocupantes y los múltiples insurgentes resultará imparable. Hasta ahora, el razonamiento que parecía prevalecer al abordar la devolución de la soberanía a los iraquíes participaba a partes iguales de la mirada colonial y la mirada fundamentalista: puesto que la invasión fue llevada a cabo por quienes decían actuar amparados por las mejores causas, bastaba entonces con que designasen a un grupo autóctono de notables para que éstos, a su vez, quedasen amparados por ellas. El borrador pone fin a esta fantasía y habla de elecciones, que es de lo que había que haber hablado desde el primer momento.
En segundo lugar, y siempre utilizando como pantalla el sistema de contrapesos que establece el borrador, la diplomacia norteamericana parece haber revisado la estrategia de transición que aplicó en Afganistán. A diferencia de lo que promovió tras la caída del régimen de los talibanes, en Irak no prevé ya que la nueva Constitución sea redactada por líderes cooptados, sino por representantes elegidos en las urnas. Se trata sin duda de un avance con respecto a la anterior doctrina, aunque limitado. Encargar a un Gobierno provisional la redacción de una Carta Magna, y no a un Parlamento constituyente, no es sólo un error desde el punto de vista de la ortodoxia democrática, que, por cierto, suele relajarse hasta la caricatura cuando se trata de países no occidentales; es sobre todo un error político, que puede comprometer la estabilidad de las futuras instituciones iraquíes. Puesto que, de acuerdo con el borrador de Resolución, la fuerza política que gane las primeras elecciones democráticas tendrá en su mano definir el marco político de Irak, la alternancia corre el riesgo de no ser alternancia, sino un cíclico y constante proceso constituyente, con los innumerables riesgos que ello conllevaría.
El borrador de Resolución adelanta, por último, una fecha límite para la retirada de las tropas extranjeras, que sólo se vería alterada en dos supuestos: que el Gobierno de transición -el encargado de redactar el texto constitucional- reclamase la retirada anticipada y el Consejo de Seguridad lo aprobara, o que el Gobierno definitivo solicitase de Washington y sus aliados la permanencia de las tropas, convirtiendo la ocupación en invitación. Como en el caso de la elección frente a la cooptación de los constituyentes, la fijación de una fecha para la retirada supone una revisión de la estrategia norteamericana mantenida hasta ahora, y es en sí misma una buena noticia. Pero también con puntos oscuros, entre los que la longitud del plazo previsto no sería el más preocupante si, en efecto, el proceso político marchase a buen ritmo y sin contratiempos. El riesgo mayor se halla, probablemente, en otro punto; en concreto, en la contaminación que a ojos de los iraquíes pueden padecer las Naciones Unidas por estar asociadas en la misma estrategia con unas tropas que violaron la legalidad internacional para llevar a cabo la invasión, y que la han seguido violando a la hora de tratar a los prisioneros. Puesto que las torturas de Abu Ghraib no son un simple problema de imagen, como tantas veces se dice en Europa y Estados Unidos, sino un crimen de guerra, la impunidad de la que siguen gozando sus responsables, ¿no sería vista por los iraquíes como una prueba adicional del doble rasero con el que actúa Naciones Unidas?
No sólo los conceptos manejados por la diplomacia norteamericana han cambiado; también su receptividad hacia las críticas de los miembros del Consejo de Seguridad. En esta ocasión, las reticencias de Rusia, Francia y Alemania al borrador de Resolución no han dado lugar a tensiones y descalificaciones sumarias, sino a la búsqueda de un acuerdo negociado sobre el texto. Se trata, una vez más, de una buena noticia, que sólo empaña la evidencia de lo mucho que queda por hacer sobre el terreno si se pretenden celebrar elecciones en apenas unos meses. A este respecto, se suele hablar de la violencia. Pero, ¿se sabe algo de la elaboración del censo o la financiación de los partidos?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 6 de junio de 2004