Algunos miembros del Gobierno parecen muy capaces de plantear más problemas con su propia gente, y con su entorno, que con el PP. Por ejemplo, los que en algunos sectores del PSOE empiezan ya a llamar ministros sobrados, es decir, los que chocan con la imagen de discreción que ha impuesto, y que sigue manteniendo, el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
El caso más llamativo es el ministro de Defensa, José Bono, algunas de cuyas actuaciones han provocado más molestias dentro del PSOE, y de la izquierda en general, que en el propio electorado de derecha. "El problema de la condecoración no es sólo suyo, sino del Consejo de Ministros en pleno. Es posible que Bono no se diera cuenta de lo excesivo de la medalla, pero lo asombroso es que el Consejo de Ministros estuviera de acuerdo y no echara inmediatamente para atrás el decreto", asegura un diputado socialista que dice admirar a Bono y sentirse perplejo por lo sucedido.
Jordi Sevilla, el extremo opuesto por su discreción, presentó la 'agenda territorial' y recomendó que las autonomías no se 'fotocopien' la reforma de los estatutos
Sensibilidad llamativa
Bono, reconoce, tiene otra característica que irrita a muchos de sus compañeros socialistas, su "sensibilidad". Si el tema de la condecoración molestó en sectores del partido, sus declaraciones sobre el daño que hacía todo ese asunto a uno de sus hijos, "triste por las críticas a su padre", y sobre el hecho de que la única medalla que necesitaba es la de la Virgen de las Cortes, levantaron ronchas. "Menos mal que le sigue funcionando el olfato político para darse cuenta de que tenía que parar esta bola de nieve y que lo hizo sin complejos", alaba el mismo diputado.
La ministra de Cultura, Carmen Calvo, es otro de esos casos. El principal problema lo han planteado sus declaraciones al diario Abc el sábado 29, según las cuales en el Reina Sofía sucedía algo que no entendía. "Nadie ha puesto su cargo a mi disposición, para empezar. (...) Muchos cargos me han enviado una carta deferente poniendo su cargo a mi disposición. En el Reina, no".
Al margen de los enfrentamientos personales que alimenta en España el mundo del arte contemporáneo, lo cierto es que estas declaraciones ayudaron a unir voces muy dispersas en una crítica común: la ministra no tiene por que considerar normal que los cargos directivos de museos y otras entidades públicas culturales pongan sus cargos a disposición del ministro de turno , "como deferencia".
"Ha habido un malentendido porque una cosa es que la ministra no esté de acuerdo con la forma en la que se gestiona un museo o una entidad cultural, y que lo diga públicamente, y otra que, por principio, todo el mundo que tenga un cargo público en ese campo tenga que dimitir cuando llega ella, o cualquier nuevo ministro al despacho. Eso no es lo que nosotros defendemos ", admite un dirigente socialista relacionado con el mundo de la cultura.
La agenda más importante
"Todo esto son problemas secundarios, aunque debemos cuidarlos porque es importante conservar el espíritu con el que hemos ganado las elecciones", asegura un dirigente autonómico del PSOE. Desde su punto de vista, sin embargo, lo más importante de la semana fue el discurso que pronunció el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, el pasado jueves, y en el que quedó marcada la llamada agenda territorial del Gobierno socialista.
El discurso de Sevilla, un ministro que no discrepa del tono de discreción impuesto por Zapatero, traerá cola porque deja claro cuáles son los márgenes de actuación de estos cuatro años, insiste el mismo dirigente socialista. Sobre todo llama la atención sobre el párrafo en el que se afirma expresamente: "La reforma de la Constitución que proponemos no va a afectar al marco competencial del Estado de las autonomías; de la misma manera, los cambios que se puedan introducir en los estatutos no van a suponer cambios en la Constitución". Otro párrafo que cayó como un bálsamo entre los dirigentes socialistas más "desconfiados" y menos partidarios de los cambios fue el que aseguraba que "se puede desear que la reforma de la financiación autonómica esté lista dentro de la presente legislatura, en paralelo al proceso de reforma de estatutos", pero que, dada la complejidad del tema, "es más importante lograr un buen acuerdo que precisar, a toda costa, una fecha concreta para cerrarlo".
Nadie parece tener muchas dudas en que el proceso de reforma va a afectar prácticamente a todos los estatutos, por mucho que el ministro haya recomendado que se atiendan "las peculiaridades de cada territorio, sin fotocopiarse los modelos de autonomía". Hasta los dirigentes del Partido Popular creen, o temen, que las comunidades autónomas que presiden políticos del PP van a solicitar reformas estatutarias fotocopiadas de las que obtengan las comunidades más demandantes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 6 de junio de 2004