Cómo es posible que alguien con más de seis millones de euros de ingresos oficiales recurrentes anuales y un plan de pensiones que le garantiza ese poder adquisitivo de manera vitalicia solicite sin rubor, pública y literalmente, "acabar con el Estado de bienestar". No voy a caer en demagogias de en qué gastos sociales podrían invertirse sus ingresos, sino que intentando utilizar su lógica de mercado, me gustaría saber si se ha preguntado: ¿Cuántos trabajadores se podrían contratar con su nómina? ¿Cuántos proyectos empresariales podrían iniciarse con sus ingresos? Cuando se está en esos puestos, lo menos que la sociedad pide es contención en las pontificaciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 7 de junio de 2004