El 53% de los 374.000 expedientes de inmigrantes empantanados en las delegaciones de Gobierno de toda España (unos 200.000 casos) corresponde a solicitudes de renovación de permiso de trabajo y residencia. El retraso de la Administración dura hasta nueve meses. Aunque la Ley de Extranjería establece que si el Estado no responde en tres meses los permisos quedan renovados automáticamente, la realidad es que sus titulares entran en una irregularidad técnica o sobrevenida, pues carecen de un documento que demuestre su situación legal.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró ayer que pese a la protesta de inmigrantes en Barcelona y a los casi 200.000 extranjeros que piden papeles, además de los que tramitan la renovación de sus permisos, no habrá una regularización extraordinaria.
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* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 8 de junio de 2004