El presidente del Parlamento, Juan María Atutxa, pidió ayer que se archive "de manera inmediata" la causa judicial abierta contra él y otros miembros de la Mesa y de la Junta de Portavoces por negarse a disolver el grupo parlamentario de Batasuna, tras conocer que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha ordenado enviar a la instructora del caso el informe en el que su antecesor, Jesús Cardenal, sostenía que partidos y grupos parlamentarios son entidades jurídicas diferenciadas. La defensa ha apelado repetidamente a ese informe, que la juez, Nekane Bolado, no solicitó hasta mayo.
El Gobierno vasco, por su parte, cree ver detrás de la decisión de Conde-Pumpido una intención de reconducir el conflicto. No obstante, la portavoz, Miren Azkarate, se limitó a calificar la petición de Atutxa de "sensata y lógica" y a dar por sentado que el mero hecho de ordenar el envío de ese informe supone "dar la razón" a Atutxa y al propio Ejecutivo, que le ha respaldado en su negativa a cumplir la orden del Tribunal Supremo.
El vicepresidente segundo de la Cámara, el popular Carmelo Barrio, señaló a este periódico que el envío del informe es "irrelevante", ya que fue emitido en relación con la suspensión cautelar de Batasuna ordenada por el juez Garzón y no con la ilegalización dictada por el Supremo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de junio de 2004