"El Poder Judicial tiene que entender que la ley integral recoge una discriminación positiva para cumplir el principio de igualdad que consagra la Constitución", afirmó ayer la secretaria general para las Políticas de Igualdad, Soledad Murillo. "El CGPJ debe hacer propuestas, pero no debe paralizar la tramitación de una ley que urge. Si el Gobierno no aprueba el proyecto el día 25 para que esté en el Parlamento en julio, la ley no estará en vigor a comienzos de año", añadió.
Para la portavoz de la Red de Organizaciones Feministas, Ángeles Álvarez, "la argumentación
del CGPJ es un ataque a la línea de flotación de las políticas de igualdad". A su juicio, la postura de la Comisión de Estudios e Informes del Poder Judicial, que critica que la futura ley excluya a las víctimas masculinas, es "un jarro de agua fría organizado". "No hay que olvidar que el Consejo General del Poder Judicial tiene una mayoría conservadora. Se utiliza esa mayoría para minar las iniciativas del Gobierno", dijo. La presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, afirmó que el CGPJ pretende "tumbar la ley como sea".
Las asociaciones de jueces discreparon, informa Efe. La Asociación Profesional de la Magistratura (mayoritaria y conservadora) consideró "normal" el rechazo de una ley "claramente inconstitucional". Según Jueces para la Democracia (progresista) la ley es constitucional. La asociación Francisco de Vitoria (moderada) desea una ley para todas las víctimas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 16 de junio de 2004