El Tratado Constitucional europeo reconoce "la rica diversidad cultural y lingüística de la Unión" y autoriza la traducción de la propia Carta Magna con carácter oficial a las lenguas que gocen de estatus oficial en todo o en parte de los territorios de un Estado miembro. La introducción en la Constitución del anexo que recoge las peculiaridades lingüísticas fue presentada ayer como "casi un milagro" por el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quien habló de la ruptura de un tabú que permitirá avances en el futuro.
La petición de los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos de ver sus lenguas vernáculas reconocidas en la Constitución europea llegó en el único y en el peor momento posibles. La redacción de la Constitución ofrecía el resquicio para hacer realidad el deseo. Como contrapartida, la petición se produjo cuando la UE a Veinticinco se veía desbordada por la llegada de las nueve lenguas de los países de la ampliación. Además, abría la espita a potenciales exigencias de medio centenar de otras lenguas regionales, peligro sobre el que alertaron responsables en Bruselas.
Lo conseguido es un anexo en el que se reconoce que el Tratado puede traducirse a las lenguas de los distintos Estados de la UE y se explicita "la adhesión de la Unión a la diversidad cultural de Europa y a la especial atención que seguirá prestando a la diversidad lingüística". Nada sobre el derecho de los ciudadanos a comunicarse en sus lenguas vernáculas y cooficiales con las instituciones de la Unión, como pretendía el Gobierno español.
Preguntado ayer Jacques Chirac sobre si había combatido los planes españoles, respondió que el conflicto lingüístico "es un problema estrictamente español". "No tengo intención de interferir en los asuntos internos de España", agregó. "Yo respeto a todo el mundo. A los catalanes en particular".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de junio de 2004