La Consejería de Educación ha conseguido convertir este curso escolar, en la enseñanza secundaria, en una verdadera suma de despropósitos. Primero fijó los exámenes extraordinarios de la ESO, tradicionalmente de septiembre, en junio, negando la posibilidad real de recuperación de la mayoría de los alumnos. De nada han servido las quejas generalizadas de gran parte de la comunidad educativa. La sentencia parecía estar dictada de antemano. Más tarde hizo públicas, en aplicación de la Ley de Calidad, unas "instrucciones" sobre evaluación en la ESO que han permitido anular los aspectos más positivos de dicha norma y convertir la evaluación en una comedia de enredo.
Pero en su afán de superación la consejera nos ha deparado al profesorado, al final de curso, un papel protagonista estelar. En Andalucía, los profesores nos veremos en la imposibilidad material de evaluar numéricamente a los alumnos, vulnerando la norma legal vigente que así lo establece. Es lamentable tener que recordar a una autoridad que el respeto a la Ley sigue siendo uno de los pilares básicos del Estado de Derecho. Y más lamentable aún es que esto esté transcurriendo mientras guardan silencio quienes legal y moralmente estarían obligados a defendernos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 21 de junio de 2004