La petrolera Yukos, acosada por el Kremlin desde hace un año y con sus principales accionistas encarcelados, trata de evitar la bancarrota y alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Recaudaciones, que le reclama 2.856 millones de euros. Es lo que se desprende de las declaraciones de Alexéi Kudrin, titular de Finanzas, quien ayer afirmó que la compañía negocia con Recaudaciones el pago de esa suma.
MÁS INFORMACIÓN
- Un fallo de la Corte de Arbitraje de Moscú contra Yukos devuelve el temor a una suspensión de pagos
- El ministerio de Hacienda ruso presenta otra demanda contra Yukos por 2.750 millones
- Yukos suma un 7% en Bolsa ante la posibilidad de que el Gobierno ruso retrase el pago de su deuda
- La Justicia inicia el proceso de embargo de Yukos
Kudrin señaló que Yukos dispone de dinero para abonar la deuda, ya que puede vender activos en el mercado. Esto era lo que había propuesto Yukos en una carta al primer ministro, Mijaíl Fradkov, que no tuvo respuesta. Esos activos están congelados y depende del Gobierno forzar la bancarrota. Éste parecía el guión, pero el presidente, Vladímir Putin, abrió el jueves otra vía: "Las autoridades no están interesadas en la bancarrota de una compañía como Yukos". Esta frase provocó una subida del 30% de las acciones.
El juicio contra Yukos continúa paralelamente a la negociación. El Ministerio de Recaudaciones acusa a la compañía de utilizar paraísos fiscales para evadir impuestos, pero la petrolera sostiene que utilizó instrumentos legales para minimizarlos. Kudrin criticó ayer esa "optimización que emplea instrumentos legales que en esencia no son tales". Para el Gobierno, es importante que el tribunal declare a Yukos culpable de evasión de impuestos. Así lo dio a entender Kudrin, al decir que el tribunal dictaminará sobre las acusaciones de Recaudaciones y creará con ello un precedente. El encargo del Kremlin a la justicia rusa parece claro: hay que condenar la utilización de los instrumentos legales que, en opinión del Gobierno, sirven para evadir impuestos.
Aunque Yukos ahora tiene esperanzas de sobrevivir, no hay buenas señales para su presidente, Mijaíl Jodorkovski, acusado de evasión de impuestos y apropiación fraudulenta. Ayer le fue denegada otra vez la libertad bajo fianza. Sus abogados creen que será condenado a 10 años de prisión, el máximo posible por los delitos que se le imputan.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de junio de 2004