El secretario general y regional de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel López Sierra, ratificó ayer el cese del secretario en Almería, Antonio Oliver, acordado en un consejo provincial celebrado el martes. López confirmó también que la dirección de la organización ha quedado en manos de la ejecutiva provincial.
Sobre el cese de Antonio Oliver y el secretario de Organización, Manuel Barranco, el responsable de la COAG explicó que los consejos provinciales del pasado 25 de mayo y 9 de junio votaron en contra de los destituidos. "Una organización democrática como COAG tiene mecanismos para que, en el caso de que a alguien se le vaya la olla, destituir a quien corresponda", señaló el secretario general.
López Sierra ratificó como legítimas las decisiones adoptadas por el consejo provincial y anunció una auditoría dentro de la organización ya que, según dijo, se han detectado movimientos de partidas presupuestarias entre cuentas bancarias tras los ceses. "Se van a tomar acciones legales contra cambios de dinero que ha habido de unas cuentas a otras. No entendemos por qué se han hecho y no son nadie para hacerlo", dijo en alusión al ex secretario provincial.
Movilizaciones
El dirigente de la COAG desmintió las acusaciones de Oliver, quien aseguró que las protestas por el algodón en febrero de 2002 contra el anterior Ejecutivo de Madrid fueron sufragadas con 120.000 euros por la Consejería de Agricultura. López Sierra se mostró rotundo: "¿Vosotros creéis que va a haber un político tan torpe a estas alturas que dé 20 millones de pesetas de dinero público para una movilización? Eso es prevaricar y hay que estar loco".
El portavoz de la ejecutiva provincial, Javier Vicente, negó el "golpe de estado" que Oliver y Barranco achacaron a algunos miembros de la ejecutiva e insistió en la legitimidad del órgano provincial para dirigir la COAG. "Los motivos para cesar a Oliver han sido muchos y diversos. Principalmente, organizativos y reivindicativos. Como todos sabéis, nuestro secretario, con su talante y su manera de proceder, nos tenía enfrentados con todo el sector en Almería y la organización no podía organizar las reivindicaciones que hemos llevado a cabo", expuso Vicente.
El portavoz de la ejecutiva censuró que Oliver no hubiese convocado al consejo provincial a la hora de decidir las reivindicaciones y de enfrentarse con las cooperativas y las empresas comercializadoras a las que, según aseguró, Oliver ha llegado a amenazar "porque exportaban productos marroquíes". "Los motivos han sido éstos: el comportamiento de este señor en el tema reivindicativo", remachó Vicente.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de junio de 2004